•  |
  •  |
  • END

El director General de Ingresos, DGI, Walter Porras Amador, contrató los servicios de una clínica dental de la cual es propietario su hijo, para que en ella se atiendan los trabajadores de la entidad de tributos. El pago por dichos servicios sale de los fondos públicos que administra de manera singular el polémico funcionario.

EL NUEVO DIARIO tiene en sus manos uno de los afiches que han sido distribuidos en la DGI, en el cual se informa que esa entidad pone a disposición el servicio de odontología “completamente gratis a tod@s l@s trabajad@as” la clínica dental del doctor Allan Porras Chávez, hijo del primer matrimonio del titular de la institución.

Ayer este medio nuevamente intentó de manera infructuosa contactar a Porras para conocer su versión sobre esta nueva anomalía en su administración, luego que desde el lunes publicáramos que nombró como asesora económica de la DGI a su esposa, Franca Aiello, quien también labora para Inatec, así como abusos con recursos públicos, como la comilona por la que pagó casi 18 mil córdobas en julio de 2009 a un restaurante capitalino, para celebrar alegremente el cumpleaños de su cónyuge.

Lo único que ha dicho Porras desde que END empezó a publicar las irregularidades es “que gracias a Dios y la Revolución es uno de los pocos funcionarios limpios” que existe en la actual Administración”, mientras que por el nombramiento de su esposa como asesora, consultado por auditores de la Contraloría, reaccionó molesto diciendo que eso mismo es lo que hace la secretaria de Comunicación, Rosario Murillo, con el presidente Daniel Ortega, sin que nadie haga preguntas.

Los requisitos

El beneficio de atención médica dental está contemplado en el Convenio Colectivo de la DGI, y por ello en la clínica del hijo del titular de esa institución, los trabajadores pueden obtener servicios de limpieza dental, extracciones y calzas, para lo cual sólo deben de presentar como requisitos el carné de trabajad@r de la dependencia, cédula de identidad, y hacer una cita previa, en el horario de atención: de lunes a viernes de 3:30 de la tarde en adelante, y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía.

La Ley de Probidad de los Servidores Públicos establece claramente que en todos los poderes del Estado, sus instituciones y dependencias no se podrá hacer nombramientos de personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento
El artículo 12 de la Ley de Contrataciones vigente, indica en el inciso c de las prohibiciones para ser oferente, que no podrán contratar con el Estado “los parientes hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo por afinidad de los funcionarios cubiertos por la prohibición; los que por efecto del ejercicio de su cargo tengan en su responsabilidad la ejecución de los recursos del Estado en actos de contratación”. Walter Porras es alcanzado por esta prohibición, puesto que es director de una entidad pública.

Confirmado el celular asignado

Los abusos denunciados por los sindicalistas de la DGI a este medio, se han venido confirmando poco a poco, entre ellos la asignación de un teléfono celular de parte de Walter Porras a su esposa con tiempo ilimitado, para hablar con quien quiera en Nicaragua, Estados Unidos y Canadá.

El celular de Franca Aiello, de acuerdo con la documentación que tiene END en sus manos, es de la línea Movistar, se encuentra registrado a nombre del abonado “Walter Porras”, pero el cliente es el 1004500, que corresponde a la DGI.

El resumen de consumo del mencionado cliente de marzo de 2008, señala que del Plan Corporativo 500 A, cuyo costo en ese entonces era de 75 dólares, su usuaria había consumido 405 minutos de los 500 que incluye el saldo, por el cual se pagaron 3 mil 789 córdobas con 70 centavos. El saldo incluye llamadas internacionales a Canadá y Estados Unidos.

EL NUEVO DIARIO marcó ayer el celular de la también directora de la Escuela de Idiomas, del Instituto Nacional Tecnológico, Inatec, pero inmediatamente aparecía su contestadora indicando que el usuario no estaba disponible o que se encontraba fuera del área de servicio.

Llueven llamadas, documentos y correos

Las publicaciones que este medio ha hecho, provocaron una lluvia de llamadas, documentos a nuestra sala de redacción, así como correos electrónicos, denunciando todo tipo de anomalías en la DGI.

“Este señor desde que llegó a la DGI inició una persecución brutal contra los trabajadores organizados en los sindicatos existentes mandando a unos a la calle y a otros reubicándolos en cargos inferiores o trasladándolos a los departamentos lejos de su domicilio para obligarlos a renunciar, y sus salarios reducidos en un 50% o más”, señaló uno de los informantes.

Sindicatos blancos avalados por UNE

“No hay defensa de los trabajadores y creó sindicatos blancos en donde puso a su antojo directivos de su entera confianza y avalados por UNE (Unión Nacional de Empleados) en donde el asesor sindical es asalariado, pagado por la DGI, que se ha hecho de la vista gorda de todos los despidos injustificados y violatorios de la ley”, añadió.

Otros denunciantes enviaron información, vía correo, afirmando que las liquidaciones de los trabajadores despedidos de hace más de 3, 2 y un año, siguen pendientes, y que en algunos casos se les ha hecho efectivo en abonos, argumentando que el MHCP no les hace la transferencia monetaria para estos fines, a otros todavía se les debe su liquidación.

De esto dio fe una ex empleada que vino a END y que afirmó que fue despedida en febrero de 2010, sin que a la fecha le hayan liquidado. “Sólo me notificaron de mi cancelación de contrato conforme la Ley 476, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, todo porque no quise seguir obedeciendo orientaciones de tipo partidario”, dijo la afectada.

El que no brinca lo corren

“En las marchas o movilizaciones a las rotondas, la mayoría participa como portátil bajo amenazas con el despido al que no asista, porque los controladores de los sindicatos y otros de los CLS (Comité Locales Sandinistas) siempre verifican y confirman la participación, y los lunes siempre hubo despidos por esta causa”, mencionó.

Añadió que decenas de ex empleados “casi han llorado” ante el responsable de Recursos Humanos, Erick Avellán, para que les pague lo que en ley les corresponde, pero que todo eso ha sido inútil.

Los trabajadores que escribieron hicieron un llamado a la dirección superior del Ministerio de Hacienda, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional, a la Fiscalía de la República, a la Policía Económica y a los llamados líderes sindicales a que conozcan a profundidad lo que pasa en la DGI.

“Alguien debe detener el maltrato ‘neoliberal’ y somocista que viene ejecutando este señor contra todos los trabajadores que con dignidad se han opuesto a sus políticas de corte antipueblo y antitrabajador”, pidieron los denunciantes.