Martha Vásquez Larios
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La Corte Suprema de Justicia nombró esta semana un equipo de seis jueces ejecutores que se encargarán de realizar actos de ejecución decretados por los jueces de cualquier materia, excepto la penal.

Según el acuerdo 178 de la Corte, entre las funciones que realizarán estos jueces están la ejecución de embargos ejecutivos, embargos y secuestros preventivos, requerimientos de pago, inventarios judiciales y aposición de sellos.

Los nuevos jueces de ejecución y embargo son el ex coordinador de las oficinas de Apoyo Judicial, Ramón Real Pérez; Gerald Areas Lacayo, ex director de la Oficina de Notificaciones; Róger Alfaro Cortez, ex juez suplente del departamento de Diriamba, y Óscar Danilo Manzanares Molina, ex responsable de Apoyo Procesal Penal del Complejo Judicial Nejapa.

También fueron nombradas para este cargo Cristian Ivonne Olivas Vílchez, ex jueza local penal de Diriamba, y María Mercedes Rocha Flores, ex jueza suplente del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua.

El acuerdo se comenzará a aplicar a mediados de febrero y no impedirá que las mismas ejecuciones se den también al estilo actual, ya que para suprimirles estas facultades a los jueces civiles, se necesita una reforma al Código de Procedimiento Civil, dijeron algunos jueces consultados.

Aranceles establecidos
Para tener acceso al servicio de un juez ejecutor, solamente tendrá que depositar un porcentaje, que ya está estipulado en una tabla de aranceles previamente aprobada por la Corte, a nombre de la CSJ en un banco del sistema financiero, y con la colilla se presenta en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) en los Juzgados de Managua, para que éstos le asignen de forma aleatoria un juez ejecutor, explicó Gerardo Rodríguez, supervisor del Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial en la capital.

Según la tabla de aranceles aprobada, el porcentaje a pagar varía de acuerdo con la cuantía del embargo, y van desde el 2 hasta el 6%.

Se exceptúa de este cobro las ejecuciones en materia de familia, las laborales en los casos en que sea solicitado por el trabajador, cuando el juez decrete el beneficio de pobreza en causa judicial, y cuando se trate del Gobierno central y de las alcaldías, según el acápite seis del acuerdo.

En orden de entrada

Para preservar el orden, la asignación de Juez Ejecutor, así como las ejecuciones de embargo, se realizarán de acuerdo con el orden de nombramiento. A este régimen se someterán también los bancos, que representan el 60% de las demandas de embargo y ejecutivas en los juzgados civiles de Managua.

Una vez que el Juez Ejecutor recibe las diligencias, tiene cinco días hábiles para realizar su trabajo.

En el acuerdo también quedó establecido que los jueces ejecutores tienen prohibido recibir invitaciones, donaciones, obsequios o realicen cualquier acto que atente contra la moral y las buenas costumbres.

El dinero percibido a través de este nuevo servicio formará parte del Fondo de beneficios de los funcionarios de carrera judicial, establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial.

Según el doctor Rodríguez, a mediados de febrero ya estaría entrando en funcionamiento el equipo de jueces ejecutores, ya que por el momento se están acondicionando las oficinas donde atenderán.