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Los mestizos que ocupan tierras en el Caribe Norte del país, reclamadas por las estructuras indígenas mayangnas y miskitos, no serán desalojados y permanecerán en el lugar el tiempo necesario que se tome el gobierno en la titulación de la propiedad privada y cooperativizada en esa zona.

Ése es el compromiso que asumió la Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y gobiernos locales de Bonanza y Rosita, ante una parte de la comisión de mestizos, durante la primera sesión de trabajo realizada el 13 de enero en esta última localidad.

Las referidas instancias acordaron prohibir cualquier modalidad que conduzca a órdenes de desalojamiento de mestizos, aunque las tierras que estos alegan ser de su propiedad se encuentren en los territorios de comunitarios, entre ellos, Prinzu Awala, ubicado en Prinzapolka, el mayangna Sauni Arunka, localizado entre Bonanza y Rosita y el tuahka, en Rosita, cuyos títulos les reconoció el gobierno el año pasado.

La doctora Valeska Mariela López, en nombre del procurador general de la República Hernán Estrada, aseguró que la institución que representa se comprometió a no promover ningún juicio con objetivos de ejecución de desalojos de mestizos en esa región.

A la decisión de la PGR se unió la Policía Nacional en Las Minas, la que por medio de su jefe departamental, comisionado mayor Otilio Duarte Herrera, en el carácter de facilitador del proceso de convivencia pacífica, determinó que no prestará sus fuerzas para practicar desalojo alguno en la zona de Las Minas.

Frenar lucros personales
El acuerdo de estas instituciones, a las que se agregó el delegado del presidente en ese territorio, Bernardino Herrera Lanzas, y los alcaldes de Bonanza y Rosita, Alexander Alvarado y Arturo Ibarra, respectivamente, es para facilitar, primero la etapa de saneamiento que necesariamente debe efectuarse en los recién territorios indígenas titulados, y luego para iniciar el proceso de titulación de la propiedad privada, la mayoría en manos de la etnia mestiza.

En la reunión quedó al descubierto que miembros de la comisión de mestizos han prometido la titulación a favor de mestizos en un corto plazo, pero en vista de que es un proceso complejo que toma su tiempo, ahora estos están siendo presionados, incluso por elementos armados.

La PGR detectó que miembros de la comisión de mestizos actúan con intereses de lucro personal, y se escudan con intentos de acciones de desórdenes como forma de presionar al gobierno para que les avale una serie de ilegalidades, como titular propiedades con documentación legal en la que estos sólo presentan una fotocopia de identidad.

De acuerdo con la doctora Valeska López, el gobierno tiene toda la voluntad y ánimo de resolver la tenencia de la tierra en el Caribe Norte, y con ese propósito encomendaron tareas a doce miembros de la comisión de mestizos, siendo una de ellas el traslado de documentos de la propiedad de mestizos a la PGR para su debida revisión.

Detectan Irregularidades
Esta instancia del Estado, al examinar la documentación “legal” de los mestizos, encontró muchas inconsistencias de mala fe, lo que ha provocado mayor tiempo para responder, originándose una reacción de la comisión de mestizos como de letargo de parte del gobierno.

La titulación de la propiedad no se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se toma su tiempo prudencial, dijo la doctora López.

Dos de los cuatro miembros de la comisión de mestizos que llegaron a la reunión, Vicente Zuniga Soto, y Pedro Ricardo Úbeda Zeledón, decidieron renunciar a su representación, porque consideran fracasadas sus expectativas en torno a la demanda de titulación de tierras a favor de los mestizos.

En junio del año pasado, unos tres mil campesinos mantuvieron trancada la principal vía de esa región, en demanda de la titulación de tierra. Una considerable parte de los demandantes de títulos ocupan tierras tituladas a indígenas.