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Las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua esperan que este año se superen dos grandes problemas que han afectado la transparencia del sistema: la división de narcobienes y la liberación de delincuentes de alta peligrosidad. La esperanza es la vigencia de dos nuevas leyes.

La Asamblea Nacional a finales de 2010 aprobó la Ley 735 o Ley de Prevención, Investigación, Persecución del Crimen Organizado y la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados que entró en vigencia el 20 de noviembre de 2010 y la Ley de Ejecución, Beneficio y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal, que aún no ha sido publicada en la Gaceta, diario oficial.

Con estas dos nuevas leyes se termina de modernizar la legislación penal en Nicaragua, afirmó el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar, quien también agregó que aunque faltan algunos ajustes en cuanto a nombramientos de más fiscales y más jueces en el país, las leyes llenan un serio vacío legal. “Estas leyes vienen a garantizar más la transparencia”, expresó el magistrado.

No más discrecionalidad
Para Aguilar, quien también forma parte de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, la ley de Ejecución termina con la discrecionalidad de los jueces para otorgar derechos y beneficios a los privados de libertad.

Por ejemplo, esta ley en su artículo 16 contempla que la suspensión de la ejecución de la sentencia procederá solamente en los delitos menos graves y en las faltas penales, es decir en aquellos delitos cuya sanción no pase los cinco años de prisión, por lo que los delitos graves como la narcoactividad, violación y crimen organizado quedan fuera de este beneficio, explicó el fiscal Javier Morazán, Jefe de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado del Ministerio Público.

Otra ventaja, según el fiscal Morazán, es que la nueva ley especifica que la libertad condicional se podrá aplicar cuando el reo haya cumplido las tres cuartas partes de la condena en prisión para delitos graves: terrorismo, tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos, tráfico de migrantes ilegales, delitos relacionados con estupefacientes, exceptuando el delito tipificado de tenencia en el Código Penal, lavado de dinero, bienes o activos, entre otros.

La novedad en estos es que también se incluyó la violencia doméstica o intrafamiliar, el robo con violencia o intimidación y el robo agravado, que antes sí optaban a este beneficio con el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena.

“Por ejemplo si la condena es de 10 años puede optar a este beneficio una vez que haya cumplido siete y medio de prisión, mientras no”, explicó Morazán.

No más cócteles de beneficios y derechos
Esta ley diferenció lo que es un beneficio y lo que es un derecho. Un beneficio es aplicar la condena condicional y la libertad condicional al reo, mientras que la liquidación de pena es un derecho.

“Ahora solo podés optar por uno, antes se aplicaba de todo un poquito, hasta que le dábamos el derecho y el beneficio al procesado”, dijo el magistrado Aguilar.

En 2009 se otorgaron ‘lluvias’ de narcoliberaciones con la fórmula del “cóctel beneficios más derechos”, que fueron seriamente cuestionadas por la ciudadanía, pero según el magistrado Aguilar, solo estaban aplicando el nuevo Código Penal que entró en vigencia en el 2008 y permitía la aplicación de beneficios. “Es lo que viene a corregir la nueva ley”, explicó.

Adiós a mano ‘pachona’
Con la entrada en vigencia de la Ley 735 o Ley Contra el Crimen Organizado, el Ministerio Público solicitará en todos los juicios que los bienes muebles e inmuebles sean entregados a la Unidad Administradora de estos, para que sea esta unidad la que decida sobre la distribución de los mismos, afirmó el fiscal General de la República Julio Centeno.

Además, solicitará que el dinero incautado, decomisado o abandonado producto del narcotráfico y crimen organizado sea depositado en cuentas del Ministerio de Hacienda, a como manda la nueva ley, refirió el fiscal general.

Antes de la aprobación de esta ley, los jueces de juicio de la Corte Suprema hacían las divisiones a su discreción, agarrando la ‘tajada’ más grande en dinero y vehículos incautados, seguido de la Policía Nacional, situación que incomodaba a las demás instituciones involucradas.

Por ejemplo en 2009, de 3 millones 783 mil 453 dólares incautados al narcotráfico en el Pacífico, casi un millón de dólares fueron a parar a las cuentas de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias.

“La ley viene a reglamentar la distribución. El juez solo dará el decomiso, la Unidad Administradora se encargará de distribuir y de subastar bienes, el producto de la subasta será distribuido también por la Unidad”, expresó el fiscal Morazán.

En espera de la distribución

Esta Ley 735, también contempla un inventario de todos los bienes incautados, para saber dónde y en qué estado están, listado que ya mandó a solicitar el fiscal Centeno a cada institución, la semana pasada.

El comisionado general Javier Meynard, Subdirector de la Policía Nacional, afirmó a EL NUEVO DIARIO que 2010 fue un año en que se golpeó fuertemente a la logística y bienes narcos y confía en que la nueva Ley de Crimen Organizado facilite la distribución de las ocupaciones.

“Prácticamente estamos hablando de bienes aéreos, navales, propiedades, son una cantidad extraordinaria”, aseveró.

De enero a diciembre del año pasado, la Policía ocupó 6 fincas más que en 2009, es decir pasaron de 30 a 36 las fincas ocupadas, mientras que las casas pasaron de 18 a 39 y los negocios, de dos a cuatro. Asimismo, despojaron a los criminales de 12 aeronaves.

Para la procuradora penal Amy García, encargada de la Unidad de Crimen Organizado de la Procuraduría General de la República, esta nueva Ley de Administración de Bienes Incautados, viene a reforzar lo que la Ley 285 disponía en cuanto al decomiso de bienes, y regulará la administración y distribución de los mismos.