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A pocas horas del anuncio del recorte de horas extras para vigilantes y trabajadores del barrido de calles, como parte del denominado “Plan de Ahorro 2011”, los sindicatos “doblaron el brazo” al alcalde orteguista de Chinandega, Enrique Saravia Hidalgo, quien anuló la decisión.

El anuncio lo hizo la vicealcaldesa Miriam Padilla Santos, tras una reunión con dirigentes de los siete sindicatos de la comuna chinandegana, la mañana del lunes último en el auditorio de esa entidad.

“A los vigilantes y a los que trabajan en el barrido de calles, que devengan bajos salarios, no los vamos a afectar con la reducción de las horas extras. Es una decisión gubernamental. Hay estabilidad laboral, aunque al que no quiera trabajar, no habrá más que despedirlo”, expresó la funcionaria.

Añadió que el recorte de 7 mil 500 córdobas mensuales a concejales para el pago de becas y otros beneficios sociales; la suspensión de la asignación de combustible a los jefes de área, ahorro en papelería, y otras medidas del plan de austeridad se mantienen.

Dirigentes sindicales optimistas

Manifestó que el préstamo de once millones de córdobas ante la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, Caruna, para el pago de 28 trabajadores despedidos, a proveedores, la cancelación al INSS, a la DGI y a organizaciones sindicales, entre otros, estará listo posiblemente para finales de enero del corriente año.

Luis Castro, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Chinandega, atribuyó a falta de comunicación la decisión inicial del edil orteguista, y se mostró optimista por el cambio de opinión de Enrique Saravia Hidalgo.

Víctor Manuel Burgos, Secretario General del Sindicato Democrático, expresó que se trata de “borrón y cuenta nueva”, y las horas extras que habían sido deducidas de la primera quincena de enero a los vigilantes y trabajadores del barrido de calles, serán canceladas el treinta de enero o el quince de febrero.

Además, los vigilantes recibirán uniformes y está pendiente el pago de la canasta básica, y la cancelación de las prestaciones a los 28 cesanteados.