Ary Pantoja
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Los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que autorizaron y realizaron las millonarias compras en 2009 y 2010 a establecimientos fantasmas, podrían enfrentar responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales, según un experto en derecho fiscal consultado por EL NUEVO DIARIO.

Según el especialista que prefirió el anonimato, en el caso de la compra-venta de granos básicos entre Hacienda y “Comercial Valeria”, podría existir responsabilidad penal para los funcionarios involucrados, considerando que esa transacción jamás debió darse, pues a dicho establecimiento se le inscribió en la Dirección General de Ingresos, DGI, bajo el Régimen de Cuota Fija, y conforme a sus ingresos anuales, no debería estar en ese régimen tributario. Además de la violación nepotista a la Ley de Probidad y a la de Contrataciones.

“Comercial Valeria”, propiedad de la señora Vilma Inés Paiz Silva, madre de la viceministro de Hacienda, Meylin Dolmuz Paiz, fue inscrito en el Registro Único del Contribuyente --Régimen de Cuota Fija--, el 11 de noviembre de 2009; 16 días después, el 27 de noviembre, recibe de la Dirección General de Contrataciones del Estado, un Certificado de Registro de Proveedor del Estado, y ese mismo día realiza una venta de granos básicos al Ministerio de Hacienda por la suma de 500,550 córdobas.

Sin embargo, conforme con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 022-2003, “Régimen Especial de Estimación Administrativa para Contribuyentes por Cuota Fija”, aprobado el 8 de septiembre de 2003 y publicado en La Gaceta No. 174 del 12 de septiembre del mismo año, podrán optar a este régimen “las personas naturales cuyos ingresos brutos anuales por concepto de ventas de bienes y/o prestación de servicios no excedan de los 480,000 córdobas; y en cualquier momento del año posean un inventario al costo de mercadería propia, en consignación o al crédito, menor o igual a 200,000 córdobas”.

Según el Régimen de Cuota Fija, en una sola venta de arroz, frijoles, azúcar y aceite al Ministerio de Hacienda, “Comercial Valeria” excedió su volumen de venta para estar bajo este régimen.

Además, el artículo 10, inciso 2), literal i), de este acuerdo ministerial, también establece como limitante lo siguiente. “No podrán considerarse sujetos del Régimen Especial de Estimación por Cuota Fija… Quienes siendo Proveedores del Estado realicen ventas o presten servicios en cuantía superior a 150,000 córdobas anuales”.

Fraude al Estado

Por todo lo anterior, el especialista consultado por EL NUEVO DIARIO, considera que los funcionarios involucrados en este tipo de transacciones cometieron fraude al Estado, conforme con el artículo 454 del Código Penal, Ley 641.

Dicha disposición establece que “la autoridad, funcionario o empleado público que en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas, o cualquier otra operación en la que intervenga en razón de su cargo o comisión especial, defraudare o consintiera que se defraude a la administración pública, órganos, dependencias, entes desconcentrados, descentralizados, autónomos, o empresas del Estado, del municipio y de las Regiones Autónomas, se sancionará con pena de cinco a diez años de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo o empleo público”.

Además, el artículo 303, literal c), del Código Penal establece que comete “defraudación tributaria”…c) quien oculte total o parcialmente la realidad de su negocio en cuanto a producción de bienes y servicios o montos de ventas…”.

El primer párrafo de esta disposición señala que “será sancionado con la pena de seis meses a tres años de prisión y una multa equivalente al doble del valor defraudado o intentado defraudar, siempre que la cuantía sea superior a la suma de diez salarios mínimos del sector industrial y no mayor de veinticinco a quien evada total o parcialmente el pago de una obligación fiscal…”.

Conforme con la explicación del experto en temas fiscales, el hecho de que a un establecimiento comercial se le haya inscrito bajo el régimen de cuota fija y luego aparezca realizando ventas superiores a lo establecido en este régimen, se considera una operación fraudulenta en perjuicio del Estado.

Todo ello, sin contar el resto de establecimientos comerciales “fantasmas”, como “Eventos y Diseños”, “Humberto’s Food’s”, y “Global Bussines Organization S.A.”, con los que Hacienda firmó varios contratos como proveedores del Estado por sumas superiores a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 022-2003.