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RIVAS

El juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Rivas, Melvin Vargas, fue amenazado por los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, de cumplir una condena de más de diez años de cárcel por negarse a dejar en libertad a un estadounidense condenado a cinco años de cárcel, tras confesar que cometió el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Los magistrados de la sorprendente amenaza fueron Roberto Rodríguez, Ligia Rivas y Alejandro Estrada, quienes actualmente están suspendidos por emitir las famosas liberaciones de once condenados por narcotráfico y ahora hay que añadirle esta otra.

El juez Vargas negó la libertad del norteamericano Charles Anthony Siascia, de 42 años, quien por medio de su defensa solicitó el 18 de enero de 2010, la suspensión de pena, alegando ser una persona de buena conducta y sin antecedentes, y 11 días después el judicial falló en contra de su petición, alegando que el reo no tiene arraigo en el país, y que tampoco se conocía sus antecedentes en su lugar de residencia (México y Estados Unidos).

El fallo fue apelado ante el tribunal de Apelaciones de Granada, y el 6 de diciembre los magistrados, Rodríguez, Estrada y Rivas se pronunciaron a favor del recurso de Apelación, y en la sentencia revocan la resolución del juez Vargas y otorgan la suspensión de la ejecución de pena a Siascia, no sin antes hacer las serias advertencias al juez.

En sus alegatos, los magistrados señalaron en la sentencia, que el juez Vargas violentó la Constitución Política de Nicaragua, al señalar que no dejó en libertad a Siascia por ser extranjero, pese a que según ellos tiene los mismos derechos y deberes que los nicaragüenses, por lo que acusan al judicial de cometer discriminación y abuso de poder.

Magistrados invocan a Ortega

Los magistrados también reflejan en su fallo la amenaza que hacen al judicial de pasar más de diez años en la cárcel, por cometer los delitos establecidos en los artículos 431 y 432 del Código Penal. Señalan que si ellos confirman el auto del juez Vargas, toda la sala cae en delito de coautores o cooperadores necesarios o cuando menos cómplices de los delitos establecidos en los artículos antes citados.

Por si faltara algo más, los magistrados en su fallo señalan que todo el proceso se hubiese evitado si el Ministerio Público hubiera solicitado la sustitución de la pena privativa de libertad, por la expulsión, “tal como lo faculta el artículo 95 del Código Penal, y el mismo Presidente de la República, comandante Daniel Ortega, en diversas manifestaciones televisivas y públicas ha expresado la necesidad de expulsar del país a personas extranjeras que estén como el reo de marras”, señala la sentencia de los magistrados.