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Al Juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Granada, Vicente Santamaría Ramos, no le preocupa que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, le haya abierto un proceso investigativo por haber hecho una ejecución diferida a favor de Luis Enrique Domínguez Borges, de 31 años, condenado a 15 años de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de un niños de cuatro años.


A su juicio, la indagación que están efectuando los funcionarios del Poder Judicial es un procedimiento “normal”, que no le causa incomodidad, aunque aclaró que no  ha declarado inocente al condenado, y que su propósito solamente es velar por el derecho a la salud y seguridad de los reos, como lo manda el artículo 412 del Código Procesal Penal, CPP.


“A mí no compete conocer sobre el delito cometido o decidir si la persona es culpable o inocente. Mi única función es analizar las condiciones carcelarias del reo y garantizar su buen estado físico, no sólo como juez sino también como ser humano. ¿Cómo voy a mantener en prisión a esta persona, si el médico forense dictaminó que está gravemente enfermo y nuestro Sistema Penitenciario no le brinda las condiciones adecuadas para su recuperación?”, inquirió.


El judicial añadió que “en las cárceles hay hacinamiento, hay un solo doctor para atender a más de 900 reos, no hay medicamentos y no hay agua potable”.


Padece problemas cardíacos
Santamaría justificó que su decisión obedeció al dictamen emitido por el forense del Complejo Judicial, doctor Noé Campos, quien diagnosticó que Domínguez Borges padece de problemas cardíacos, los que lo llevaron de emergencia al Hospital Amistad Japón-Nicaragua.   

    
Esta situación lo llevó a decretar el arresto domiciliar y a asignarle medidas de presentación periódica, mientras se recupera.


“La ejecución diferida se le  concede a las personas que están muy graves y que no pueden subsanarse dentro del establecimiento penitenciario. Eso no se puede considerar como libertad, porque una vez que se ha restablecido de salud, la sentencia debe continuar ejecutándose”, añadió el juez.


Lo extraño del caso es que Campos ya había emitido un primer dictamen en el que informaba que el hombre se encontraba en perfectas condiciones. Aparentemente, de un momento a otro, al sujeto le sobrevinieron esos problemas “gravísimos” que ahora lo tienen disfrutando de su casa.     


El funcionario también le redujo la condena de 15  a 12 años de prisión, con el argumento que de la pena se había fijado de acuerdo con el Código Penal de 1974, lo cual no es correcto.


“El CPP que entró en vigencia en Nicaragua en 2008, dice que la pena mínima para el delito de violación es de 12 años. Yo sólo hice una modificación en cuanto al delito que se le imputó al privado de libertad, y eso se puede hacer de oficio, sin que me lo hayan pedido”, concluyó.