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Los grupos más propensos a la violencia sicológica, física y sexual siguen siendo las mujeres, niños y adolescentes, según informaron las comisarías de la mujer de los distintos departamentos del país. Ante esta situación, la sicóloga Gioconda Cajina opina que esto se debe a los niveles de corrupción que está experimentando nuestra sociedad

 

“La construcción de una sociedad se basa en su experiencia histórica, y en un código penal y un código religioso que reprimen todo acto lascivo y violento. El problema es que hoy nuestra sociedad está experimentando altos niveles de descomposición y de corrupción moral, por lo que la violencia se generaliza”, explica la psicóloga Cajina. El otro problema que identifica Cajina es el modelo familiar autoritario predominante en el país, en el que el hombre tiene el poder, mientras la mujer, la niña o la adolescente están en una posición de subordinación. “Este modelo genera una naturalización de la violencia y una reproducción de la misma, ya que el niño que creció en un ambiente agresivo es un potencial victimario”, indica. “Los golpes y el maltrato psicológico también generan una distorsión del individuo y son caldo de cultivo para agresores con personalidad pasiva-agresiva, y con alteraciones de la conducta como la histeria, la ansiedad, la fobia social, los trastornos obsesivos compulsivos, la paranoia y la personalidad antisocial, las cuales afianzan el círculo de la violencia”, añade.

 

La violencia sexual La violencia sexual, específicamente el incesto por parte de los padres, padrastros y abuelos --quienes según los datos de las comisarías de la mujer ocupan los primeros lugares como agresores-- es reflejo de una sociedad que lo legitima hasta en las más altas esferas. “Si una figura pública comete incesto, esto es publicitado y conocido por todo el mundo, y si para colmo el agresor queda en la impunidad, el mensaje que se envía a la sociedad es que la violencia sexual, física y psicológica no trae consecuencias y es permitida”, explica la doctora Cajina. Estado es responsable Para Gonzalo Carrión, Director Jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, el aumento de la violencia intrafamiliar y la proliferación de la trata, son problemas que tienen su raíz en un Estado que violenta los derechos humanos de las mujeres y de los niños. “La violencia es un problema estructural de fondo que refleja una debilidad en el sistema de salud pública y en las políticas de Estado, que transgrede el derecho a vivir libre de violencia, lacera la integridad de la víctima, la Constitución y los tratados ratificados por Nicaragua. Aquí el Estado es el principal responsable”, indicó Carrión.

 

La impunidad y la falta de acceso a la justicia son los dos elementos que propician que el agresor continúe reproduciendo la violencia y que la víctima no rompa el silencio. “En Nicaragua el sistema judicial es muy débil en cuanto a la prevención y a la protección de las mujeres, y esto genera altos niveles de inseguridad para las víctimas, quienes temen denunciar a sus agresores o son llevadas a la mediación. Al final, muchas mueren a manos de sus compañeros o ex compañeros, quienes sólo esperan salir de la cárcel para asesinarlas”, señaló Carrión. La pirámide invertida Según explica el director jurídico del Cenidh, de las muchas denuncias que se reciben en las comisarías, muy pocas llegan a la Fiscalía, menos a los juzgados, y muy pocas son las que terminan en una condena. “En Nicaragua la violencia se comporta como una pirámide invertida, que comienza con un grueso de denuncias que se va cerrando conforme disminuye el acceso a la justicia. Al final, las víctimas son boleadas con su expediente de un lugar a otro, generando angustia y desesperación por la retardación de justicia”, dijo.

 

La falta de educación La violencia no sólo implica una intervención directa e inmediata, sino un trabajo educativo que transforme los referentes machistas y patriarcales de la sociedad, y un recrudecimiento del sistema judicial. “Para frenar la violencia, es necesaria la inclusión en el curriculum educativo, de medidas de prevención, tomar medidas cautelares según las necesidades de la víctima y la no discrecionalidad de los jueces, pero, sobre todo, se requiere de un Estado que comience a cumplir con el espíritu de los convenios que suscribe pero no cumple” criticó Carrión. La mujer como mercancía Según Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, la trata es producto de un sistema donde no hay institucionalidad jurídica y donde las leyes se violentan minuto a minuto.

 

“La trata es parte de esta espiral de violencia, porque los criminales se sienten impunes ante un sistema corrupto que los protege, y considera que la mujer es un bien que puede ser comercializado y vendido al mejor postor”, indica Jiménez. Y añade que “en un país tan pobre como Nicaragua, donde las mujeres llevan la carga económica de sus hogares, no es de extrañar que el crimen organizado encuentre víctimas que se dejen ilusionar ante las propuestas de un trabajo fácil”.

 

La publicidad que se ofrece a través de los medios de comunicación también estimula un consumismo desmedido que provoca que muchas jóvenes se dejen llevar por falsas promesas de dinero fácil. “Vivimos en una sociedad donde lo importante es estar al último grito de la moda, tener el último modelo de celular o manejar un buen carro. Eso provoca que muchas jóvenes se deslumbren ante lo que les ofrecen los tratantes, sin saber que se están jugando la vida en el intento”, aseguró Jiménez.

 

¿Qué hacer?

La socióloga Martha Munguía, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, da los siguientes consejos para paliar el problema de la violencia:
* Las leyes que son para las mujeres, deben ser propuestas a partir de los organismos que trabajan para su beneficio.
* Impulsar programas de educación en las escuelas.
* Crear un sistema de recepción de denuncias en el barrio y en la comunidad.
* Incluir en el presupuesto el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia.
* Fomentar el respeto de los derechos humanos a través del trabajo directo con los niños y los jóvenes.
* Garantizar que el Estado respete la institucionalidad para ofrecer un soporte jurídico a las víctimas.
* Tipificar la violencia contra la mujer en el Código Penal.
* Fortalecer el acceso a la justicia
* Elaborar un sistema probatorio en el que la mujer no sea revictimizada.
* Recrudecer las penas contra los agresores y fortalecer las áreas de persecución, investigación y protección a la víctima.
* Eliminar la figura de la mediación.
* Impulsar un proceso de sensibilización, capacitación y concienciación de los jueces, fiscales, trabajadores sociales y miembros de las comisarías de la mujer.
* Impulsar acciones de movilización por parte de la ciudadanía para garantizar el acceso a la justicia.
* Garantizar la aplicación del protocolo de actuación en el Poder Judicial para enfrentar los delitos sexuales.
* Hacer una revisión exhaustiva de la cooperación internacional para revisar e incrementar los fondos que se destinan para luchar contra la violencia hacia la mujer, niñas y adolescentes.