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Los contralores colegiados con período vencido, aprobaron una solicitud de la ministra de Educación, Mined, Miriam Raudez, para hacer transferencias hasta por casi siete millones de córdobas a diversas alcaldías controladas por el partido de gobierno, para que éstas se encarguen de ejecutar proyectos de implantación de 51 aulas desmontables.


 Raudez hizo pasar las transferencias de 6 millones 905 mil 353 córdobas como una petición de contratación directa para adquirir los servicios de las alcaldías de Jinotega, Matagalpa, Estelí, Chinandega, Managua, Jinotepe y San Carlos, dominadas todas por el orteguismo, y los colegiados se hicieron de la vista gorda.


“No hay nada de malo en eso, no se trata de ninguna transferencia, es una contratación como todas, además todos esos contratos son auditables”, respondió el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.


La petición de Raudez llegó a la Contraloría el 03 de noviembre de 2010, indicando que en el presupuesto de Gasto de Capital de ese año se obtuvieron “ahorros de licitaciones”, las que decidieron reorientar para dar inicio a la dignificación de las Escuelas de Primaria, con lo que se pretende dar respuesta a 111 Centros Escolares y a la implantación de 51 aulas desmontables en las alcaldías de los municipios referidos.


“Ésta sería la primera vez que el Mined estaría realizando un proyecto contando con el apoyo de la comunidad, permitiendo de esta manera que sea el pueblo mismo el que participe de la transformación que se dé en su comunidad, tal y como lo indica la estrategia educativa”, dice la carta de Raudez cuya copia se encuentra en poder de END.


Agrega la misiva que el Mined “aportará materiales de construcción existentes en bodega y contratará los servicios de reparación de dichos Centros Escolares a las Alcaldías más fuertes de los departamentos beneficiados para pagar a voluntarios de la comunidad que realizarán los trabajos de reparación de los centros escolares e implantación de aulas. Estas acciones se desarrollarán en los meses de noviembre y diciembre”.


La distribución
La distribución del dinero, de acuerdo con la comunicación, se dio de la siguiente manera: Matagalpa, 1 millón 563 mil 794 córdobas; Jinotega, 1 millón 418 mil 850; Managua,  1 millón 348 mil 900; San Carlos, 857 mil 400; Chinandega, 745 mil 085;  Estelí, 671 mil 320, y Jinotepe, 300 mil córdobas. Todo ello suma 6 millones 905 mil 353 córdobas.


“Cuando existan razones de urgencia, seguridad u otras de interés público, no contempladas en los incisos anteriores, se podrá solicitar, mediante petición motivada, autorización de la CGR para la contratación con prescindencia de esta ley”, dice el literal “k” del artículo 3 de la vigente Ley de Contrataciones, Ley 323, que invocó la ministra Raudez, para pedir el aprobado a los colegiados.

 

La respuesta
La respuesta a tal solicitud salió de manos del presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, el 19 de noviembre de 2010, y dice que él sus colegas en la reunión ordinaria número 708 del 18 de noviembre de ese año, resolvieron por unanimidad comunicarle que la contratación requerida con las alcaldías de los departamentos beneficiados, no requiere de autorización del cuerpo colegiado, pues la misma Ley 323 en el inciso “c” del artículo 3, lo establece de esa forma.


“Las contrataciones celebradas entre entes públicos con excepción del suministro de bienes y servicios, que se presten a las condiciones de competencia”, es materia excluida de los procedimientos ordinarios de contratación. Sin embargo, en este caso el Mined decidió contratar los servicios de esas alcaldías para que repararan 111 escuelas e implantaran las 51 aulas desmontables.
Argüello Poessy dijo a END que la operación no tiene nada de irregular, aún cuando se trata de una transferencia de dinero de un ministerio hacia varias alcaldías, casualmente gobernadas por el orteguismo.


Indicó que la ministra les informó que tuvo ahorro de unos recursos en 2010 y que de acuerdo con el sistema de manejo de recursos del Estado, el presupuesto que no es usado por las instituciones en el año fiscal, no se lo acumulan en el año siguiente.
“La ministra nos pidió contratar a las alcaldías, no es una transferencias de dinero, les dicen a las alcaldías que ejecuten las obras, que contribuyan y con el apoyo de la comunidad, es todo”, dijo.


“De cualquier forma se lo hubiésemos aprobado”
Señaló que lo que se debe tener en cuenta es que el Mined tuvo que haber respetado lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 323, en lo relacionado con la contratación, ejecución y recepción de obras, así como el manejo financiero de toda la operación para que una vez concluida las obras debe quedar a disposición de la entidad fiscalizadora.


“Eso quiere decir que todo quedará sujeto a nuestro control posterior, de todas maneras esa facultad de conocer de esas cosas se nos termina en febrero y la ministra nos pudo haber pedido una exclusión de procedimientos y tené la plena certeza que se la hubiésemos dado, porque las obras deben hacerse”, concluyó.