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Las restricciones que se habían ordenado en busca de silenciar a EL NUEVO DIARIO, fueron levantadas ayer, luego que las autoridades de la Dirección General de Aduanas, DGA, decidieron dar luz verde a la importación de materia prima de este medio con base en lo que establece la inconstitucional Ley 528, mejor conocida como la “Ley Arce”,


El director fundador de END, Danilo Aguirre Solís, dijo esperar que la decisión del Ejecutivo no obedezca a la avalancha de solidaridad que recibió este medio de comunicación de parte de diversos sectores sociales, empresariales y políticos del país, la cual agradeció profundamente, sino a una reflexión de quienes ejercen el poder, que se dieron cuenta de que la confrontación no es lo idóneo para gobernar.


“Nos llamaron de la noche a la mañana de la DGA, y nos informaron que todas las trabas y restricciones que nos habían puesto, se habían superado, que ya podíamos proceder. El lunes vamos a operativizar, vamos a desaduanar, nos dijeron que no había problemas, y no tenemos por qué no creerlo”, señaló Gabriel Chamorro, Gerente General END.


Este rotativo denunció que el gobierno, a través de la Dirección General de Ingresos, DGI; la Dirección General de Aduanas, DGA, y el Ministerio de Hacienda, se había encargado de bloquear la salida de nuestras materias primas, ni siquiera usando el 2.5 de sus ventas anuales establecido en la “Ley Arce”. La respuesta de diversos sectores de la sociedad en apoyo a END no se hizo esperar, condenando la acción y calificándola de “terrorismo fiscal” en contra nuestra.


“Medidas fatales y mensajes inquietantes”
Aguirre Solís dijo que si la situación obedecía a una decisión tomada desde las altas esferas del gobierno para ponerle obstáculos a END, revela una vez más que quienes tienen el poder, piensan que sólo buscando la confrontación es que se puede gobernar, dividiendo a la sociedad nicaragüense.


No obstante, consideró que si fue una decisión tomada por subalternos “es peor todavía”, porque revela que esa concepción de irrespetar la Constitución, las leyes y el Derecho de las personas naturales o jurídicas de manera absolutamente impune, se está pasando a los funcionarios, y el pueblo queda indefenso.


“Si algunos funcionarios creen que desde arriba pueden declarar inconstitucional a la Constitución o alargar mandatos extinguidos por la Constitución con un simple decreto presidencial, y creen que esa es la forma de gobernar, pues para el usuario nicaragüense de dependencias fundamentales para la industria, para el comercio y desarrollo del país, como la DGA y la DGI, son fatales, porque quedamos en manos de funcionarios que creen que violar la ley es la norma y que la excepción es cumplirla”, dijo el director de END.


Aguirre Solís estimó que cualquiera que haya sido el origen de esa disposición, manda “mensajes inquietantes” para la sociedad nicaragüense, que de por sí está alarmada con todo lo que ha estado pasando en el país, sobre todo con el derrumbe de la Constitución y de las instituciones.


Sostuvo que lo que estaba ocurriendo era “insólito”, porque ya la llamada “Ley Arce” era dos veces inconstitucional. Primero, porque el agregado al artículo en la reforma que se hizo a la Constitución “de que la ley regulará la materia”, no modificó nunca el derecho que consigna para los medios, debido a que el término “regulará” significa quién va a extender las constancias y documentos propios, pero jamás limitar el derecho otorgado en términos absolutos.


Otro es que la “Ley Arce” se aprobó el mismo día que se reformó la Constitución, es decir, esa norma que reglamentó la reforma Constitucional era inexistente, no podía aplicarse a algo que no estaba en vigencia.

“Si fue decisión de un subalterno es peor”
“Aun asumiendo todas esas irregularidades legales nos ponen semejantes trabas, entonces una de dos: o es una demostración reiterativa de que este gobierno sigue empeñado en que la única forma de gobernar es confrontando, o si es de sus funcionarios, esto último es peor, porque se está transmitiendo que se pueden violar las leyes con total impunidad y burlarse de los ciudadanos”, dijo Aguirre Solís.


“Ojalá” --anheló el director fundador de END-- “que esta rectificación no sea por la solidaridad inmensa que ha tenido el periódico --que agradecemos-- y por las posibilidades de que éste le trajera problemas nacionales e internacionales al gobierno, sino por un sentido de tratar de que los problemas que puedan darse entre los que no piensan como ellos, puedan resolverse mediante otra forma que no sea atropellos, imposiciones y arbitrariedades”.


“Eso lo único que hace es provocar reacciones fuertes como las que tomó y tomará END, porque estábamos dispuestos a llegar hasta el final, y eso significa recurrir a todos los métodos habidos y por haber, porque ya no era sólo atropellar al periódico, sino la dignidad de los trabajadores de Importación de END, a quienes los andaban de un lado a otro y se burlaban de ellos, y de sus derechos humanos, esas cosas no las podíamos dejar pasar”.

Se agotaron mecanismos
Chamorro dijo por su parte que nunca quisieron llegar hasta la denuncia pública, pues insistieron con el titular de la DGA en más de una ocasión, y su respuesta fue que no podía desaduanar, mientras la DGI no mandara directamente una constancia.


Que CSJ falle recurso, y esperamos que sea asunto superado
El Gerente General de END dijo que lo ideal es que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, falle de una vez por todas los recursos de inconstitucionalidad que presentamos contra la Ley Arce, para dejar diáfanamente expuesto lo relacionado con los derechos que concede el artículo 68 de la Constitución.


“Nosotros esperamos que sea un episodio superado, porque nunca quisimos llegar hasta aquí, se habían agotado los mecanismos, se había hablado con altos personeros del gobierno, para no llegar a la denuncia pública”, concluyó Chamorro.