• |
  • |

La advertencia de que “toda liberación de narco se verá sospechosa” continuará esta semana durante las capacitaciones a magistrados de apelaciones, jueces de audiencia y jueces de juicio, sobre la nueva Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal (Ley 745), que entró en vigencia el pasado 26 de enero.


Las capacitaciones estarán a cargo del Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar, quien hará un análisis de la Ley junto a jueces, magistrados y demás operadores de justicia penal (Policía, Fiscalía, Sistema Penitenciario) y abogados litigantes; “para tener un mejor conocimiento de la misma y garantizar su efectiva aplicación”, indicó.

Según el magistrado, se hará énfasis en que esta nueva Ley hace una diferencia clara entre delito grave y menos grave, y de éstos depende el otorgamiento de beneficios. Son graves cuando la pena máxima supere los cinco años de prisión y, menos graves, cuando la pena máxima es inferior a los cinco años.

No hay dónde perderse
La condena condicional procede, según Aguilar, sólo en los delitos menos graves, pero además, el juez verá la peligrosidad del condenado, explicó el doctor Aguilar. “En delitos graves ya no se les beneficia con condena condicional, sólo con libertad condicional, tomando en cuenta también la peligrosidad de la persona”, dijo Aguilar.


Otro aspecto de la ley es que especifica una lista de delitos para los que cabe la libertad condicional solamente si han cumplido las tres cuartas partes de la condena.


Entre éstos están terrorismo, secuestro extorsivo, tráfico y extracción de órganos humanos, tráfico de migrantes ilegales, delitos relacionados con psicotrópicos, lavado de dinero, tráfico ilícito de armas, crimen organizado, violencia doméstica o intrafamiliar, delitos sexuales, robo con violencia o intimidación y robo agravado.


“Ya no habrá discrecionalidad para liberar a narcos ni a cualquier procesado por delito grave”, recalcó.


Otra de las figuras que está entre los descuentos de la sanción privativa de libertad está la liquidación de la pena, que no es un beneficio, sino un derecho, y se otorgará cuando el reo cumpla día a día su condena o cuando labore un tiempo suficiente y se le abone (días hábiles de trabajo).


“Los beneficios son optativos, depende de la peligrosidad, pero la liquidación es un derecho. No se puede sumar derecho más beneficio”, recalcó el magistrado.
Robos se tramitarán en prisión


Otra novedad de la ley es que los incidentes de revisión de pena serán competencia de la Sala Penal de la CSJ, es decir, se le quitó la potestad a los jueces de ejecución de readecuar pena aplicando la retroactividad de la ley.


Además, se agregó el robo con violencia o intimidación y el robo agravado entre los delitos de conocimiento de juez técnico, es decir, ya no serán conocidos por jurados de conciencia. Se tramitarán, asimismo, en prisión preventiva hasta la sentencia. Esta medida ya la están aplicando los jueces de audiencia en los juzgados del país.