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Hace ocho meses, el Comité de Protección para Periodistas, CPJ, con sede en esta ciudad, le envió cinco recomendaciones al gobierno del presidente Daniel Ortega para evitar que su Administración ingresara a la lista de quienes en la región reprimen a la prensa libre. A la fecha, Ortega no sólo evitó cumplirlas, sino que endureció su política contra medios independientes.


“Vemos esto con mucha preocupación”, dice Carlos Lauria, quien coordina la oficina del organismo para América Latina. “Seguimos de cerca el comportamiento de este gobierno”, agrega, al mismo tiempo que señala que han documentado las denuncias hechas por periodistas y medios que sufren acoso gubernamental.


En esta misma semana, este rotativo se vio obligado a hacer público que la Dirección General de Ingresos, la de Aduana y el Ministerio de Hacienda, deliberadamente, mantenían bloqueado el acceso a su materia prima como represalia por publicar actos reñidos con la ley en la oficina de ingresos del Estado. Al respecto, Lauria dice “que está claro que se busca ahogar un derecho público, que es el derecho de la gente a saber si hay transparencia en la gestión gubernamental”.


Lauria recuerda que durante la visita que hizo el organismo en julio del año pasado, le recomendaron al presidente Ortega, entre otras cosas, “abstenerse de atacar a la prensa crítica y cumplir con informar de forma equitativa” sobre los asuntos de interés público. “Ningún gobierno tiene derecho a gobernar en secreto, debe rendir cuentas a sus electores y la forma de lograrlo con transparencia es a través de una prensa libre, independiente”, explica Lauria.

Reporteros sin Fronteras: “Amenaza y riesgo real”
Tala Dowlatshahi dirige la oficina de “Reporteros Sin Fronteras”, una red a la que se han integrado periodistas de más de 200 países, con el objeto de diseminar información relacionada con el abuso contra la prensa libre. Dowlatshahi dijo en entrevista con varios periodistas nicaragüenses, que la organización ha recibido informes referidos a malas prácticas de gobierno contra la libertad de expresión en Nicaragua.


“Sabemos que hay una amenaza y que el riesgo es real”, dijo. Señaló que aunque en el monitoreo que hacen anualmente, Nicaragua cerró 2010 con una puntuación aceptable en cuanto a libertad de expresión, las condiciones en que se celebrarán las elecciones de noviembre de este año, ponen en riesgo esos números aceptables.


“Nos hablan de corrupción policial y judicial, las entrevistas que hemos hecho nos advierten también de corrupción en el organismo que dirige las elecciones y que están constantemente cortando acceso para que los medios independientes cubran el proceso”, señala Dowlatshahi.


Según la clasificación mundial de la libertad de prensa de la organización que dirige Dowlatshahi, Nicaragua cerró el año pasado en la posición número 83, de 178 países donde existen riesgos comprobados. Su valoración negativa fue 22.33 por ciento, y con tendencia a aumentar, según el mismo monitoreo.


De acuerdo con la metodología del informe anual, la posición negativa es hacia el número de casilla más alto. Así, Finlandia ocupa la posición número uno, por ser el que más respeta la libertad de expresión, en contraste con Corea del Norte, que ocupa la posición numero 177 y Eritrea en el “sótano” (178).

Honduras y Nicaragua, “aplazados” en la región
Lauria dice que el CPJ coincide plenamente con el ranking que ha elaborado “Reporteros Sin Fronteras”. “En la región, lo que pasa en Nicaragua y Honduras es muy serio”, advierte.


Y es que según el informe, Honduras y Nicaragua son los que más han punteado negativamente en cuanto al ejercicio de la prensa libre, desplazando incluso en sus casillas a la violenta Guatemala. Según el monitoreo, Honduras ocupa la posición número 143, con una valoración negativa de 51.13 por ciento y con tendencia a empeorar.


En cuanto a Guatemala, se encuentra en la posición número 77, con una puntuación negativa de 20.2 por ciento y en la posición 51 se fija El Salvador. “Es que en Honduras el crimen organizado asesinó en tan sólo un año a nueve reporteros. Son muy preocupantes estos números”, comenta Dowlatshahi. Lauria, por su lado, agrega que en ninguno de estos crímenes ha habido castigo. “Están impunes. Uno cree entonces que estos criminales tienen influencia en las instituciones investigadoras”, advierte.

Periodismo “a dos puyas”
En cuanto a América Latina, los organismos defensores de la prensa libre están viendo con asombro el fenómeno de la “narco-represión”. Asumen que la libre prensa en México, por ejemplo, se desplomó totalmente. En el ranking de la libertad de prensa, ese país se ubica en la posición número 136, con valoración negativa del 47.50 por ciento. Según el informe, la tendencia es a la mala.


“Aquí hemos escuchado de periodistas asesinados en cantidad y ahora hay medios que se autocensuran por el terror a una muerte segura”, explica Lauria. “No es la represión tradicional, es una amenaza más violenta y de alcances insospechados”, agrega al comentar que las misma instituciones de gobierno han colapsado al quedar comprobados sus nexos con el crimen organizado.


“Hay muchas dificultades para el ejercicio del periodismo libre en las Américas”, agrega Dowlatshahi. “Por un lado, la violencia, y, por el otro, gobiernos molestos. Claro que nos preocupa y no vamos a parar de denunciarlo”, dijo.