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El Obispo de la Diócesis de Granada, monseñor Jorge Solórzano Pérez, interpuso queja ante la Corte Suprema de Justicia contra la juez Local Civil de Granada, Donaji Meza Pérez, y contra Álvaro Bermúdez Gómez, juez suplente del juzgado de Distrito Penal de Juicio de Granada, por “un remedo de juicio plagado de falsedades”, para despojarlo del terreno donde se edificó una pequeña iglesia.


Según la denuncia, el obispo se llevó “mayúscula sorpresa” cuando fue notificado el primero de febrero de 2011 que se demolería la pequeña iglesia católica construida por los pobladores de las isletas de Granada, en el sector conocido como El Chocote, ya que nunca fue notificado de ningún proceso previo al desalojo.


“Busqué asesoría legal y me encontré un remedo de juicio seguido a mis espaldas en el Juzgado Local Civil de Granada, a cargo de la jueza Donaji Meza, y auspiciado por el notario Álvaro Bermúdez, juez suplente penal de juicio. Proceso plagado de falsedades. ¿Si estos funcionarios fueron capaces de actuar de esta forma en contra de la iglesia, que no harán con el pueblo…?”, se lee en la queja.

Laberinto de mentiras
La maraña judicial narrada en la denuncia empieza con una compra-venta del inmueble valorado, según documentos, en 50 mil córdobas, de parte de Blanca Chamorro Romero a Felipe Jaime Sandoval, juez Civil de Tipitapa, el 17 de febrero de 2009. Transacción que no está inscrita en el Registro Público.
Luego hay un escrito donde le solicitan al obispo que desaloje el área, y que señala que él se negó a entregarla.


Posteriormente hacen una demanda en la vía del desahucio, a fin de que el obispo restituya el inmueble, e incluso hay un escrito en el que el notario y el juez suplente, Álvaro Bermúdez, supuestamente notifican de forma personal al religioso de la resolución del desahucio, el cual se excusó a firmar.


“No conozco a esta señora Blanca Chamorro. No he hablado con ella y menos que me haya negado a restituirle el inmueble… el día 26 de agosto, cuando supuestamente el notario me leyó personalmente la resolución, yo estaba en Matagalpa en un retiro espiritual”, dice la queja.


El obispo de Granada se interroga en su queja: ¿En manos de quién tenemos la fe pública? ¿Cómo es posible que un notario mienta descaradamente? ¿Cuántas personas humildes han sido despojadas de sus derechos con falsas notificaciones como la que les he transcrito?


El representante de la Iglesia Católica solicitó a la CSJ que haga las averiguaciones pertinentes del caso para verificar todas las irregularidades a que fue sometida la Iglesia.