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La corresponsal de EL NUEVO DIARIO en Masaya, Mercedes Vanegas, fue víctima de amenazas por parte de la ex jefa de Secretaría de la Policía de este departamento, subcomisionada Mercedes Canales, porque no le gustó que publicara una información.


Ayer Vanegas presentó formal denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, luego que a la 1:38 minutos de la tarde del pasado miércoles 2 de febrero, recibiera una llamada a su celular por parte de la subcomisionada Canales, quien la amenazó e incluso usó el nombre de Dios para cometer un ilícito.


“Me dijo: ‘Vos sos una atrevida por haber sacado una foto donde sale Raytí sin haber ninguna acusación en el Juzgado. No sabés con quién te estás metiendo y en qué te estás metiendo. Yo estaba callada, pero cuando llego a hablar, hablo en nombre de Dios y todo tiembla’, fueron las palabras que me dijo la subcomisionada Canales”, denunció Vanegas ante funcionarios del Cenidh.

Todo por su hijo
La violenta reacción de la jefa policial en contra de la corresponsal de END se originó sólo porque esta última público una foto y una información, otorgada por la misma Policía de Masaya, en la que señala que el hijo de la subcomisionada, Raytí Ayapal Salazar Canales, de 25 años, junto a tres personas, es sospechoso de haber dado muerte hace siete meses al folclorista Bayardo González.


Cabe señalar que Raytí ha estado vinculado a otros delitos, entre ellos, robos.
El comisionado mayor Domingo Navas, jefe policial de Masaya, identificó a los detenidos como Raytí Ayapal Salazar Canales, de 25 años; William Enrique Palacios Acuña, de 31; Camilo Ernesto Páramo, de 24; y Juan Ramón Martínez, de 39 años. Este último prófugo.


La periodista informó a Navas sobre las amenazas que recibió, y éste le aseguró que había informado del caso a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional.


“Lo tomó  de los hombros y lo botó al suelo, luego Juan Ramón le colocó un cuchillo en el cuello, le dijo que no se moviera, porque si lo hacía lo iba a matar. Raytí se fue al cuarto a registrar y salió, luego el profesor se incorporó y les preguntó: ‘¿Que les pasa?’ Juan le dio un golpe en la cara y cayó de nuevo  al suelo. Martínez le da vuelta,  lo amenaza con el cuchillo, y es ahí donde Raytí dice: Matémoslo”,  explicó en su momento el propio subcomisionado Rolando Canales, jefe de Auxilio Judicial de la Policía de Masaya, sobre el presunto vínculo que tiene el hijo de la subcomisionada Canales con el asesinato.

Cenidh: “Amenazas graves e inaceptables”
José Alonso, abogado del Cenidh, calificó de graves e inaceptables las amenazas hechas por la funcionaria policial, por lo que aseveró que darán acompañamiento a la afectada ante las instancias correspondientes.


“Ésta podría ser una limitación al ejercicio de la expresión con el objetivo de coartar su ejercicio de profesión. Vamos a procurar que este caso se esclarezca; que se tomen las medidas necesarias por parte de la institución”, indicó Alonso.
El funcionario del Cenidh y la denunciante interpusieron la queja ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía y la jefa de esa instancia, comisionada mayor Carolina Torres, dijo a Vanegas: “Usted cumple con su deber y no tiene por qué estar recibiendo amenazas”.


La jefa policial pidió confianza en la institución policial, asegurando que realizarán una investigación profesional del caso, e indicó que la subcomisionada Canales está actualmente de subsidio.

“Quieren callar a los periodistas”
Vilma Núñez, Presidenta Ejecutiva del Cenidh, lamentó que la subcomisionada Canales tenga un hijo que se mete en problemas legales, pero que su situación familiar no le da el derecho a intentar coartar la libertad de expresión. “Porque tengo poder, porque soy policía, voy a coartar la posibilidad de que la gente esté informada de un hecho que además ha sido público”, señaló.


Marcos Carmona, Director Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que “es reprochable y es una actitud cobarde, que valiéndose de un cargo público se esté utilizando su grado policial para intimidar a un ciudadano civil. La ciudadana debe poner la denuncia pública para que haya constancia de que hay funcionarios públicos que abusan de su autoridad y se arrogan el derecho de amenazar o intimidar a cualquier persona”.


“Por esta situación me siento agraviada y amenazada en mi integridad física y sicológica. Espero que la jefatura de la Policía tome las medidas pertinentes”, finalizó la colega Mercedes Vanegas.