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Las siete familias que de alguna manera tienen un vínculo o parentesco familiar con Frank Oviedo Fuentes, condenado por narcotráfico y crimen organizado, una vez más denunciaron irregularidades en el proceso utilizado para despojarlos de sus bienes.


Esta vez, los reclamantes se presentaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), con la esperanza de encontrar apoyo y que sus derechos sean respetados.


Las familias, conformadas por 70 personas, dicen estar viviendo en las calle o posando en casas de amistades, luego que fueron despojadas de entre 450 y 500 manzanas de tierra, propiedades, vehículos y 300 cabezas de ganado, a pesar de que el Ministerio Público, el pasado 29 de mayo, pidió la devolución de los bienes por no encontrar mérito para retenerlos, según el abogado de los afectados, Manuel López.


López agregó que la Sala Número Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), el pasado 25 de septiembre de 2009, declaró nulo todo el proceso en contra de los denunciantes, el que había sido impulsado por la Procuraduría General de la República (PGR).


La juez Adela Cardoza, titular del juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio, fue quien ordenó la ocupación de las propiedades de los reclamantes.

La UNA, la gran beneficiada
Los bienes fueron ocupados, por lo que los afectados, a través de su abogado, interpusieron otro recurso, y la Sala Penal Número Dos del TAM, el pasado 1 de junio de 2010 declaró nulo lo actuado por la judicial Cardoza, y mandó a regresar las propiedades.


Everth Martínez, pariente de Oviedo, dijo que su familia y resto de afectados han estado durmiendo en la calle, y actualmente lo están haciendo en la acera de la CSJ. Ellos exigen que les regresen sus pertenencias y les preocupa no saber quién va a responder por las pérdidas.

Apoyará a afectados
El diputado Salvador Talavera, de la Comisión de Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, dijo que dará acompañamiento a la denuncia de los afectados, ya que considera que las condenas emitidas por los judiciales no pueden trascender a terceros, y se les han violentado algunos derechos constitucionales.


Karla Sequeira, asesora legal de la CPDH, dijo que en este caso se están violando los derechos humanos de los adultos y niños, al no respetarse las resoluciones judiciales que los benefician, y a la vez les están confiscando sus bienes.
Agregó que el caso lo llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.