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Como ya se esperaba, la Corte Suprema de Justicia notificó ayer la resolución donde no ha lugar al recurso de Amparo interpuesto por el doctor Roberto Argüello, representante de Indiana    Martínez Zeledón, una de las propietarias de la finca Santa Isabel --conocida como “La Chureca--, en contra del Procurador General, Hernán Estrada, y de la alcaldesa Daysi Torres.
Con esta sentencia (No. 53), la Corte selló las acciones impulsadas por el Estado a través de la Procuraduría General de la República, PGR, institución que el año pasado entregó título de propiedad a la Alcaldía de Managua, para que dispusiera de las tierras, para un proyecto de vivienda con financiamiento de la cooperación española, acción catalogada como confiscatoria para los afectados.


Una nueva confiscación

La acción de la Procuraduría ha sido fuertemente criticada, debido a que no se explica que el Estado (a través de la PGR) entregue título sobre una propiedad que nunca le perteneció. Analistas han calificado el caso como una nueva confiscación, figura que está prohibida en la Constitución Política de Nicaragua.


Las afectadas son 146 manzanas con 4 mil 964 varas cuadradas que comprenden el botadero y cuatro asentamientos humanos; por esta área la PGR pretende pagar  39 millones 584 mil 800 córdobas a través de bonos de indemnización, situación rechazada por la familia Martínez, lo que los llevó a presentar el Recurso de Amparo.

Pendiente resolución en Contencioso

Los magistrados que firmaron la sentencia son Francisco Rosales, Ligia Molina, Yadira Centeno, Marvin Aguilar, Manuel Martínez, Iván Escobar, Damicis Sirias, Edgar Navas, Gabriel Rivera, y los doctores Rafael Solís y Armengol Cuadra.
Aunque la Corte todavía tiene pendiente de notificar la resolución por el recurso presentado, también por los Martínez, en lo Contencioso Administrativo.


En el terreno que fue declarado de utilidad pública (sin llenar los trámites establecido para aplicar esta figura), se están construyendo unas 240 viviendas para los trabajadores del vertedero, la construcción de una planta de tratamiento de basura; proyecto que nunca se detuvo a pesar de que el supremo tribunal aún no se había  pronunciado. La inversión del proyecto tiene un costo superior a los 45 millones de dólares, otorgados por el gobierno de España a través de la Aecid.