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La pérdida de la cooperación danesa para Nicaragua no fue de 18 millones tal como se calculaba inicialmente, sino de 35 millones en total, según Mauricio Zúñiga, Director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade.


“La cooperación total de Dinamarca anda por los 35 millones de dólares, o unos 770 millones de córdobas al año. Sucede que una parte va para apoyo de proyectos de infraestructura para colegios, carreteras, puentes y lucha contra la pobreza, fondos para el desarrollo de los gobiernos municipales y los regionales autónomos de la Costa Caribe. Sólo un tercio del total es lo que va a la sociedad civil, y de esto ni el 1% estaba dirigido a la observación electoral”, dijo Zúñiga.


Consideró que la medida gubernamental fue totalmente innecesaria, ya que si bien antes tenían sólo cuatro donantes, ahora lograron a seis que les apoyen, por lo tanto la observación electoral por parte del Ipade siempre va, y sin problemas, al igual que lo hará Ética y Transparencia.

Violaron acuerdos internacionales
“Aquí se violaron los acuerdos de Accra y de París, donde la comunidad donante convino con todos los gobiernos, que reciben la ayuda de los países desarrollados, en promover y sostener que parte de esa cooperación sea para la sociedad civil, ya que en toda democracia es un síntoma de buena salud que haya una sociedad civil fuerte que pueda hacer propuestas, que sea autónoma e independiente de los partidos políticos y del gobierno. Pero también que haya prevalencia de libertad de expresión, medios de comunicación independientes y gobernabilidad”, expresó el representante del Ipade.


Le recordó al gobierno que con fondos daneses se impulsó el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Público, también el Programa de Desminado tuvo su ayuda, al igual que la carretera de Sébaco a Las Manos, construida después del huracán Mitch, así como muchos de los puentes que actualmente se levantan en la Región Autónoma del Atlántico Norte, entre tantos otros proyectos de los cuales los nicaragüenses nos hemos beneficiado, gracias a esa cooperación del pueblo y el gobierno de Dinamarca.

Reacción de Amcham
Por su parte, el doctor Yalí Molina, Presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, dijo que en su organización expresó: “En Amcham demandamos que estas elecciones sean libres y transparentes para conveniencia de todos los nicaragüenses, y crear un mejor clima de negocios, crear ambiente para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos, que a nuestro parecer se crea principalmente a través de la iniciativa privada. Si esto no se logra no vamos a salir de la pobreza”.


Señaló que la observación de las elecciones presidenciales es una demanda a nivel nacional, dado que es de conveniencia para las relaciones internacionales de Nicaragua, tanto de América Latina como de Europa y Norteamérica.


“Vemos que la ayuda que venía de Dinamarca se va con anticipación, ya que no se le está permitiendo que esa ayuda entre para que se realice la observación. Se prefiere perder la ayuda”, dijo el doctor Molina.


Considera que a pesar de tener este gobierno algunas buenas relaciones internacionales, debería ser una preocupación que esto sea con todos los países en general, sin preferencias, ni concentrar nuestro desarrollo en una sola fuente de financiamiento.

Preocupación en Coordinadora
Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, recordó que hace dos años se oficializó el retiro de la Cuenta Reto del Milenio, entre otras pérdidas de donantes, ahora nuevamente sufrimos la pérdida de uno de los grandes colaboradores con Nicaragua, lo que resulta una preocupación.


“Esto no es nuevo. Hay personeros como el mismo Valdrack Jaentschke, Viceministro de Relaciones Exteriores, que presiona a la cooperación internacional para que no se entregue fondos a las organizaciones de sociedad civil autónoma, sin importar que miles de nicaragüenses reciban esa solidaridad”, dijo Molina.


Señaló que es muy preocupante que en medio del contexto electoral, el gobierno nicaragüense no firmó el convenio de colaboración, porque parte de los fondos irían a la observación electoral y a promover la gobernabilidad. Esto, sin importar las afectaciones a la población. Este tipo de situaciones no ocurre con las donaciones a sus organizaciones con la misma concepción política partidaria.


“Me parece que lo hecho por el gobierno se efectuó con visión mezquina, sesgada, cerrada y controladora. Que las organizaciones civiles reciban dinero de la cooperación internacional es un derecho constitucional”, expresó la vocera de la Coordinadora Civil.