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Eliminar la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Corte Suprema de Justicia implica dejar de proteger y tutelar derechos de los ciudadanos frente al abuso de poder y daños que pueda causar la administración pública a los mismos, explicó el doctor Óscar Castillo, especialista en Derecho Constitucional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica.


Los señalamientos los hace el doctor Castillo, tras conocer las intenciones de que dicha sala desaparezca.  


Castillo recordó que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se aprobó con el interés de dotar de una herramienta al ciudadano, para que pueda acudir cuando la administración pública y sus funcionarios violen sus derechos o abusen del poder.


Un ejemplo reciente es el de la familia Martínez contra la Procuraduría General de la República y la Alcaldía de Managua, en el caso conocido como La Chureca.
“El suprimir esta sala implicaría dejar en indefensión a los ciudadanos, implicaría falta de tutela frente el abuso de poder de la administración. Incluso, estarían dejando a los ciudadanos el tener que acudir por la vía del amparo administrativo, que es engorroso, tedioso y altamente costoso para los particulares”, expresó el decano.


Implica reforma a LOPJ

Según el artículo 163 de la Constitución, la CSJ se integrará en salas, las que se organizarán e integrarán según lo decidan los magistrados y de conformidad con la LOPJ. La ley orgánica es clara al señalar que existen cuatro salas, entre ellas la sala de lo contencioso, lo que significa que para suprimirla o fusionarla de la estructura deben reformar dicha ley .


La controversia sobre la eliminación de la Sala Contencioso se da después de que  la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y los magistrados de la Corte se reunieron la semana pasada para iniciar un proceso de revisión de la Ley 350, Ley de lo Contencioso Administrativo, para ver si pueden limitar el proceso a Apelación, atravesando el proceso de mediación y que ya no haya casación.


Para Castillo, el poder Legislativo y Judicial en vez de estar pensando en eliminar la sala, deberían  reformar la ley de lo contencioso mejorándola y retomando aquellos aspectos que aseguren la existencia de salas de lo contencioso en los Tribunales de Apelaciones e incluso creando juzgados de los contencioso.
“Hacia eso es que deben tanto el Poder Legislativo como el Judicial, apuntalar sus esfuerzos, para que haya mayor acceso a la justicia y mayor tutela jurídica”, enfatizó Castillo.