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Bismark Antonio Osorio Pérez se encuentra ante los portones del Ministerio de Transporte e infraestructura, MTI, golpeando el candado que le impide entrar a su centro de trabajo.


Bismark fue despedido cuando decidió afiliarse al Sindicato “Andrés Castro”, organismo no afín al Gobierno del actual presidente Daniel Ortega, y se convirtió en el secretario de propaganda.


En abierta violación al fuero sindical, a Bismark lo despidieron, y aunque el Ministerio del Trabajo ordenó su reintegro, aún sigue esperando que se le haga justicia.


Estadísticas alarmantes
Según el registro que lleva la  Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en los cuatro años del gobierno del presidente Daniel Ortega, han sido eliminados un total de 116 sindicatos.


De este total, los ministerios más afectados son el Ministerio de Educación, Mined, con 60 sindicatos descabezados y 2,762 trabajadores despedidos; el Ministerio de Salud, Minsa, con nueve sindicatos y 1,836 trabajadores expulsados; la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, con 13 sindicatos y 1,182 trabajadores afectados, y las alcaldías, con siete sindicatos y 3,816 trabajadores despedidos.


Álvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales del Sindicato de la  Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, y asesor jurídico de la CPDH, alega que son muchas las irregularidades que se han cometido.
“Desde enero de 2007 hasta la presente fecha, los trabajadores del sector público del Estado han enfrentado un desmedido y comprobado abuso de autoridad, reflejado en represalias, despidos ilegales, suspensiones, contrataciones ilegales, traslados y deducciones salariales para actividades políticas del partido en el gobierno”, señala Leiva


“Lo que es más preocupante es que aun con fallos positivos de parte del Mitrab y de la Corte Suprema, los trabajadores no han sido reintegrados ni recibido sus prestaciones sociales”, añade Leiva.

 

Terror institucional
Al respecto, Leiva asegura “que en Nicaragua se está practicando una política del terror que no abona nada al desarrollo de la institucionalidad del país”.


Carlos Alberto Guadamuz, abogado de Defensa y Denuncias del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, alega que en Nicaragua se está viviendo una violación a la libertad de pensamiento, a la integridad física, al fuero sindical y a la no discriminación.


“Hemos conocido muchos casos de trabajadores que deben presentar el aval del orteguismo para mantenerse en su puesto de trabajo, ser parte de los convenios colectivos, obtener becas o ingresar en las especialidades médicas. Son formas de generar inestabilidad y acoso laboral”, explica.

 

Deuda pública crece
Ante un gobierno que no paga las liquidaciones debidas por ley, se genera una deuda que aumenta día tras días con el deslizamiento de la moneda.


“Toda esta situación ha generado una deuda pública a través de las sentencias judiciales y el no pago de prestaciones sociales que asciende a 673,056,000 córdobas”, advierte  Leiva.

 

Medidas arbitrarias
Nilo Salazar, Presidente del Sindicato de Carpinteros, Albañiles, Armadores y Similares, alega que las represalias que están sufriendo los sindicatos independientes son escandalosas.


“Desde que entró este gobierno, nosotros comenzamos a sentir las medidas represivas. Por ejemplo, los sindicatos independientes no somos bien vistos en las empresas afines al gobierno, nuestros afiliados no tienen entrada a los proyectos de construcción,  imponen requisitos y documentos de hecho y no por derecho. Invalidan las elecciones de las Juntas Directivas y dan prebendas a cambio de recibir el carné del orteguismo”, asegura Salazar.


Forzados a recibir carné y cero convenios colectivos
José Espinoza, Presidente de la Confederación de Unificación Sindical (CUS), asegura que los sindicatos sufren muchos atropellos.


“Lo del carné es obligatorio y es otro problema que estamos enfrentando, porque muchos de nuestros afiliados reciben amenazas de despido si no se afilian a un sindicato sandinista. También recibimos muchas violaciones al fuero sindical, que es una garantía que impide el despido de un dirigente sindical como represalia, y no nos permiten ser parte de los convenios colectivos”, denunció.

 

Oídos sordos
Carlos Noguera, Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional, asegura que ellos no están de brazos cruzados.


“Hemos recibido muchas denuncias de los médicos pro salario, de los trabajadores de Enacal y de otras entidades públicas, y nosotros hemos invitado a los ministros a comparecer para arreglar la situación, pero nunca hemos obtenido repuesta”, asegura Noguera.

 

Sentencias sólo en papel
Ante esta problemática, Noguera plantea que aunque la Asamblea tiene la potestad de ejercer presión para hacer cumplir las sentencias judiciales, esto sólo queda en el papel.


“La verdad es que aquí las leyes no tienen ningún sentido, porque aunque nosotros podemos interpelar a los ministros e incluso destituirlos al no hacer cumplir las resoluciones administrativas y judiciales, nunca vamos a tener los votos suficientes, porque necesitamos el apoyo de la bancada sandinista”, explica Noguera.

 

Vocación totalitaria
Para José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, en Nicaragua se está viviendo un nuevo  Apartheid.


“Yo considero que la situación de los sindicatos obedece a la posición oficial del gobierno de turno y es una expresión de su proyecto totalitario”, comenta el diputado Pallais.


“Ante esta situación, la Asamblea Nacional ha creado un colchón para asumir el pago de las prestaciones sociales, pero el monto es tan abismal que no logramos cubrirlas. Esto es algo nunca visto en otra Administración”, agrega Pallais.

 

Asamblea sin sindicatos
Maximino Rodríguez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, explica que ni siquiera ellos están libres de la presión del gobierno.
“Es increíble, pero hasta en la misma Asamblea se han extinguido todos los sindicatos democráticos. La idea aquí es que los trabajadores se conviertan en una ONG del Estado”, dijo Rodríguez, quien anunció que  están trabajando en la creación de un Comité de Ética.


“Queremos evitar que los funcionarios coaccionen a sus trabajadores, y vamos a establecer penas pecuniarias a quienes no acaten las resoluciones administrativas ni judiciales”, señala el diputado Rodríguez.

 

Mitrab se pone al margen
END buscó la versión de Janeth Chávez, Ministra del Trabajo, pero ésta se negó a brindar declaraciones.


Mientras, Bismark Antonio Osorio Pérez no pierde las esperanzas de un reintegro futuro, y sigue a la espera de que la empresa en la que trabajó varios años, vuelva a abrirle sus puertas.