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Familiares de las tres personas detenidas por el supuesto robo agravado en contra de la empresa Albanisa, empresa ligada al partido de gobierno, denunciaron anomalías promovidas por la Fiscalía y por la jueza Rosa Velia Baca, del Juzgado Primero del Distrito Penal del Departamento de Corinto, que lleva la causa.


La mañana de ayer, unas 50 personas denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que Cory Cabrera, Luis Felipe Moltalván y Óscar Juárez, señalados de haber sustraído ilegalmente 9 mil 532 galones de combustible diesel, se mantienen detenidos en Corinto desde septiembre del año pasado, sin que se les realice un proceso judicial transparente, por lo que están siendo víctimas de retardación de justicia.


Marbella Traña, esposa de Óscar Juárez, recordó que la primera audiencia para los procesados fue el pasado 6 de septiembre. Luego se realizaron las audiencias siguientes, y el juicio inició el pasado 2 de febrero de este año, continuó el 10, pero el 16 de febrero la judicial mandó a suspenderlo, porque el Ministerio Público no contaba con los dos policías que tuvieron el caso en sus manos.

Jueza: “No hay irregularidades”
La judicial Baca confirmó que reiniciará el juicio, y dijo que todo lo abordado ya no es válido, pero que todo está apegado a derecho.


Agregó que las personas no han sido liberadas porque hubo suspensiones del proceso legal, y el período de tres meses que estipula el artículo 134 del Código Procesal Penal (CPP) para la realización de los procesos judiciales, no se debe contar desde la fecha en que fueron detenidos, sino desde que fueron sometidos a la justicia.


Cenidh estará presente
Gonzalo Carrión, Director de Defensa y Denuncia del Cenidh, explicó que el CPP dice que el proceso judicial debe desarrollarse en un plazo de tres meses, cuando hay detenidos, y que a los privados de libertad se les puede tener en esa condición sólo cuando existan fuerzas mayores, “pero al parecer en este caso no las hay”.