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Organizaciones internacionales de periodistas manifestaron su apoyo al reportero de EL NUEVO DIARIO, Luis Galeano, quien fue amenazado de muerte, y recordaron que es común que los funcionarios que ostentan el poder reaccionen amenazantes cuando se develan sus actos de corrupción, por lo que exhortan a las autoridades encargadas de administrar la justicia a poner manos en la grave denuncia.


Galeano recibió el sábado 19 de febrero en su teléfono móvil una  amenaza de muerte en la que le advirtieron que “te quedan 72 horas de vida”. Ese  mismo día fue entregado en el diario un sobre con su nombre como destinatario, en el que lo conminaban a abstenerse de publicar información sobre presuntos actos de fraude en  el Consejo Supremo Electoral, investigados por los periodistas Luis Galeano y José Adán  Silva, cuyas  entregas se difunden en esta semana.


Luis Manuel Botello, Director de Proyectos Especiales del Centro Internacional para Periodistas (ICP), dijo que “por lo general este tipo de amenazas trata de intimidar y amedrentar a aquellos que tratan de investigar lo que otros quieren ocultar… los periodistas únicamente están tratando de hacer su labor de transparentar los asuntos públicos, ya que los ciudadanos pagan impuestos, y los medios tienen la responsabilidad de verificar y que los funcionarios se hagan responsables de sus actos”.

SIP: “Condenamos amenazas”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), mediante un comunicado de prensa, ayer condenó las amenazas de muerte contra Galeano.


 El director del diario, Francisco Chamorro, denunció ante la SIP que ésta es la tercera amenaza que recibe Galeano en 2011. Chamorro, también vicepresidente por Nicaragua  de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, contó que en enero  pasado se le “advirtió” a Galeano del peligro que corría su integridad física por haber  publicado sobre supuestos actos de corrupción en la Dirección General de Ingresos y el  Ministerio de Hacienda.


El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, presidente del diario guatemalteco Siglo  21, exhortó a las autoridades a “investigar con prontitud y aplicar el peso de la ley  contra quienes pretenden amordazar a periodistas y medios de comunicación con la  intimidación y el acoso”, y consideró que estas acciones forman parte de una campaña de hostigamiento contra el diario y sus periodistas.

CPJ: “El poder reacciona amenazando”
Carlos Lauria, Director para América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas (CPP), exhortó a la Policía y al Ministerio Público a realizar las investigaciones correspondientes para castigar a quienes realizan las mortales advertencias.


“Es anormal que los grupos de poder y funcionarios públicos reaccionen amenazando a los periodistas cuando éstos les señalan las irregularidades que cometen cuando están ejerciendo sus funciones… los funcionarios tienen derecho de expresar sus puntos de vista, pero no a extralimitarse y amenazar a los periodistas”, señaló Lauria.  


Por su parte, el copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio  Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Uruguay, expresó que “estas amenazas no  deben ser tomadas a la ligera por las autoridades, ya que según nuestras investigaciones,  la mayoría de los casos fatales contra periodistas en el continente, se produce después de que las víctimas son amenazadas”.

¿Eficiencia policial?
Luis Galeano visitó una vez más, ayer, las instalaciones de la cuarta delegación policial, y su denuncia estará a cargo de la suboficial mayor Francis Cortés, quién desde un inicio dio muestras de que el caso podría no ser resuelto. El afectado dijo que la uniformada le manifestó que el caso es “complejo”, ya que la amenaza llegó a través de una llamada telefónica, y este tipo de tecnología está muy “prostituida”.


Según Galeano, la suboficial mayor aseveró que solicitarán información a la empresa de telefonía móvil Movistar sobre el propietario del número, pero que los mismos son usados y registrados por diferentes personas, además, que un chip puede ser comprado por cualquiera sin ser registrado y ser eliminado.


“También solicité el resguardo policial personal, pero la oficial me dijo que el Distrito Cuatro de Policía no está en la capacidad de darlo, y que debe solicitarse a la jefatura de la Policía o con el comisionado general Róger Ramírez, jefe de la Policía de Managua. Mañana (hoy), con apoyo del Cenidh, enviaremos la solicitud a la primera comisionada Aminta Granera”, finalizó Galeano.