•  |
  •  |

Después de que EL NUEVO DIARIO ha hecho pública a través de una investigación periodística, la extracción fraudulenta de 407 millones de córdobas al erario a través del Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General están obligados por la ley a investigar de oficio los delitos cometidos, afirmó el ex Procurador General de la República Alberto Novoa.


Además, están incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 433 del Código Penal, por no cumplir con sus funciones, expresó por su lado, el constitucionalista Gabriel Álvarez.


“Es cierto que podrían solicitar, abrir investigación a la Contraloría, pero esto no debe presentarse como obstáculo para actuar y cumplir con sus obligaciones. Lo que pasa es que cuando por razones políticas les conviene, apelan la resolución de la Contraloría; la usan como coartadas para no ejercer la acción penal”, expresó Álvarez.


Novoa agregó que las tres instituciones están obligadas a ejercer sus funciones de manera urgente después de tantas pruebas aportadas en los trabajos periodísticos, sin justificar dependencia una institución de otra.

Hay suficientes pruebas
“Según la Ley del Ministerio Público, la fiscalía tiene el deber de iniciar investigación porque representa a la víctima, y la PGR debe iniciar investigación porque hay un perjuicio al erario, tesoro que ellos deben proteger”, refirió Novoa.
Mientras tanto, el Fiscal General de la República, Julio Centeno, se excusó ayer de ofrecer su posición sobre el destape de la defraudación de 407 millones de córdobas en el CSE, diciendo vía telefónica que estaba muy ocupado en su despacho con traslados de personal y otras cosas, y que no era posible la entrevista prometida.