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Retirados del Ejército marchan hoy hasta la Secretaría del Frente Sandinista, en reclamo a la solicitud de apoyo para que se les dé una indemnización por haber servido al cuerpo castrense sin siquiera tener derecho a la seguridad social y mucho menos a una pensión.

La situación fue denunciada en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, donde Luis Martínez, uno de los retirados, dijo que la lucha tiene más de diez años, sin que ninguno de los gobiernos anteriores, e incluso el actual, haya dado una respuesta a sus demandas que tienen que ver el derecho a la seguridad social, con entrega de títulos de propiedad y de una pensión.

Mencionó que se presentarán ante la secretaría del partido de gobierno, porque desde el 4 de febrero entregaron una carta dirigida al Presidente de la República, pero hasta hoy no hay contestación. Por eso harán la visita a la casa del partido, que es la misma casa presidencial y hogar del mandatario.

Indicó que existe un proyecto de ley que se introdujo el 20 de octubre del año pasado, denominado “Ley especial para la inserción productiva y social para retirados del Ejército Popular Sandinista y Ministerio de Gobernación”, con la cual pretenden suplir las necesidades elementales que se debe a todo ser humano.
“Recurrimos a la denuncia por la falta de respuesta del gobierno de la República de Nicaragua, que no nos ha puesto la atención que nos merecemos.

Demandamos el sustento jurídico para acceder a la salud especializada, a la educación, a planes de productividad y a un empleo digno”, dijo Martínez, alegando que a pesar de la situación, la Procuraduría de Derechos Humanos no consideró esto como violación a sus derechos, esto porque al ser compactados del Ejército, aceptaron una indemnización.

Otro de los afectados es Carlos Ramírez, quien sirvió al Ejército por una década, y fue hasta uno de sus fundadores. Dijo que fue miembro del Ejército, y lo que nos lanzaban no eran caramelos.

“Incluso, soy lisiado de guerra, pero nos dejaron sin ningún derecho en 1990, cuando pasaron al retiro a gran cantidad de miembros, dándonos una pequeña cantidad, y se desentendieron de nosotros, al igual que a todos los empleados estatales. Teníamos un Fondo del Ejército, pero dijeron que perdimos ese derecho cuando nos lanzaron a la vida civil”, comentó Ramírez.

Carlos Alberto Guadamuz, abogado del Cenidh, dijo que de conformidad con el artículo 52 de la Constitución, solicitamos que el gobierno los atienda y de inmediato se delegue una comisión, tanto del Poder Ejecutivo como  del Legislativo, para que se les escuche, pues ellos han solicitado ser atendidos sin que se les haga caso.

Agregó que darán acompañamiento a las demandas de este sector, y los asesorarán jurídicamente en su lucha.