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El fiscal electoral, Armando Juárez, expresó ayer que ya están preparando los requerimientos para solicitarle información oficial de auditorías a la Contraloría General de la República y al Consejo Supremo Electoral, respecto a la denuncia pública de EL NUEVO DIARIO sobre la malversación de 407 millones de córdobas en el Poder Electoral.

Pese al anuncio, aclaró que oficialmente no está abierta una investigación, sino que se está recopilando la información oficial para analizarla y decidir si abren o no un proceso investigativo contra Roberto Rivas y compañía.
“Lo que tenemos ahorita es información periodística. El estudio ha sido alrededor de qué era lo correcto requerir y a quién requerir, porque determinamos que no teníamos nada oficial.

Ya estamos haciendo los requerimientos oficiales, y el próximo lunes estaríamos solicitándolos a cada institución para que nos informen sobre esos períodos auditados y qué han resuelto, y con base en eso determinar nuestras acciones”, expresó Juárez.

“Denuncia delicada”

Añadió que la denuncia hecha por EL NUEVO DIARIO es “delicada y no podíamos pasarla inadvertida”. “Es una denuncia pública que no la hemos ignorado y que la hemos tomado con la seriedad que se merece, y por eso vamos a hacer los requerimientos al Consejo a la Contraloría. Una que vez que envíen la información iremos al segundo paso, que es el análisis para determinar si se abre o no la investigación”, reiteró.

Se sinceró
Al preguntarle por el valor jurídico de una auditoría, donde los mismos auditores que la realizaron admitieron públicamente que los “engañaron”,  pues no comprobaron cada factura, el fiscal Juárez expresó que “el presidente de la Contraloría dio una opinión pública de que habían sido engañados, y eso no es una votación oficial ni determina la tendencia de  una resolución”. Agregó que el pleno de  la Contraloría, por mayoría, determinó que no practicarían otra auditoría.

“La Contraloría dijo de que no había nada que  auditar y eso tiene un peso jurídico, pero como todo es periodístico, entonces nosotros vamos a hacer el requerimiento; hacer los estudios formales con base en la información oficial, y sobre eso resolver”, apuntó.

El fiscal agregó: “Les voy a ser sincero; este tipo de comportamientos se activa una vez que la Contraloría determina hallazgo sobre perjuicio administrativo o doloso, porque aquí la prueba es la auditoría de la Contraloría. Si no tenemos prueba para levantar cargos, no podemos. La Contraloría es el órgano facultado y único para auditar los recursos y bienes del Estado; no hay otro”.

¿Decisión política?
Al cuestionarle si los resultados del análisis para determinar la apertura de la investigación contra Rivas estarían empañados por intereses políticos, Juárez respondió que la Fiscalía es un ente autónomo y no da resoluciones políticas.
Agregó que Nicaragua “vive momentos de mucho fervor político”, pero que la Fiscalía mantiene una disciplina.

Otras causas a Rivas
Juárez especificó que hay cinco fiscales trabajando en ese caso y otros denunciados contra el mismo Rivas, para ver si tiene que ver con los mismos hechos, para acumularlos en la misma causa o bien queden autónomas.

Tiró la pelota a la Procuraduría General de la República, recordando que esa institución es el abogado del Estado y que “ellos sabrán dónde y en qué circunstancia intervenir”. Ahora queda esperar que se envíen los requerimientos a cada institución, y que den respuestas, para que la Fiscalía analice y decida si abre o no investigación contra el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas.