Lésber Quintero
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El juez de Distrito Penal de Audiencias de la ciudad de Rivas, Diógenes David Dávila, giró orden de captura en contra de los cuatro ex concejales propietarios de Tola, defenestrados de su cargo a partir del 13 de noviembre del año pasado, producto de una férrea lucha que emprendieron con la alcaldesa de este municipio, Loida García, a quien acusaban de actos de corrupción, igual que lo hacía García respecto de ellos.

Los ex concejales, sin embargo, lograron evitar ser capturados, ya que primero habían huido de sus viviendas, y luego, tuvieron la ayuda del secretario departamental del FSLN, quien logró cambiar la orden judicial.

A los concejales defenestrados --Rita Medina Pérez y César Lumbí, del Frente Sandinista, y a los liberales José Dolores Ruiz y Manuel Baltodano Rosales-- se les giró orden de allanamiento, secuestro y detención el 26 de febrero, y la misma tenía que hacerse efectiva entre las nueve de la mañana y cuatro de la tarde del jueves, pero los concejales al conocer del caso huyeron de sus respectivas casas.

Infidelidad en custodia, desobediencia y otros

La orden de captura se giró para que los concejales respondan por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, desobediencia y otros. Dichos delitos fueron denunciados por la alcaldesa, la cual a criterio de los dos concejales sandinistas goza de la venía de la pareja presidencial, por lo que aseguran que están en una guerra desigual, y que el presidente Daniel Ortega sabrá quién tendrá la razón hasta que se entere de los resultados de las elecciones municipales de Tola.

Las casas de los concejales fueron allanadas en horas de la tarde del jueves, sin embargo, la Policía no pudo dar con ellos ni con los 14 libros de actas, dos sellos y las llaves que estaban bajo custodia de la secretaria del Concejo, Rita Medina Pérez, y que al parecer son de gran interés tanto para la alcaldesa como para los concejales defenestrados.

Según Lumbí, ellos entregarán los libros de actas y sellos hasta que el Consejo Supremo Electoral les notifique que fueron destituidos de sus respectivos cargos, “porque aquí vino el magistrado Roberto Rivas a juramentar a los concejales suplentes de manera arbitraria y violentando la Ley 40, y por eso consideramos que ostentamos el cargo y que es nuestro deber, y en especial de la Secretaria del Concejo, velar por estos documentos”, detalló Lumbí.

Tanto Lumbí como Medina se encontraban la tarde de ayer en las oficinas de un bufete de abogados de la ciudad de Rivas, y se mostraban confiados tras detallar que el secretario político del Frente Sandinista del departamento de Rivas, Evert Herrera, y las estructuras del partido, habían logrado interceder por ellos y suspender la orden de captura.

Por su parte, en la Policía de Rivas ni el jefe de Auxilio Judicial, César Useda, ni el segundo jefe de la Policía, Carlos Martínez, quisieron brindar mayores detalles del caso.