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Frustración, ira y ansiedad son los sentimientos que se despiertan en los ciudadanos cada vez que encuentran las principales arterias de la capital cerradas por alguna marcha o movilización. Sin previo aviso, las banderas rojinegras desfilan ante sus ojos, mientras las agujas del reloj les advierten que el tiempo va corriendo en su contra.

Y es que durante esta administración, los ciudadanos han estado a merced de lo que les depare la agenda de la Secretaría del partido en el poder, ya que en un país como el nuestro, impera la ley del desorden y la parcialización política.
Según David Silva, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, el problema radica en la falta de control de la Policía Nacional y en un gobierno donde prima la intolerancia política.

“El problema está en que la Policía Nacional no destina suficientes agentes para agilizar el tráfico y garantizar que no se violente el derecho de libre movilización de los ciudadanos, porque así como los marchantes tienen derecho a expresarse, las personas también tienen derecho a hacer sus diligencias y no perder horas de su tiempo estancados en el tráfico. Además, la Policía resguarda a los marchantes cuando apoyan al FSLN, pero si pertenecen a otro partido se hacen de la vista gorda”, señala Silva.

Para Claudia Paniagua, de la Fundación Nicaragua Nuestra, esto es una responsabilidad que también involucra a las organizaciones que encabezan la marcha, ya que deben dar a conocer sus rutas con antelación.

“El caos que hay en estas situaciones es producto de que la mayoría de organizaciones  no anuncian el recorridos de las marchas a las que convocan ni difunden la vías que serán cerradas a través de los medios de comunicación, para que los ciudadanos tomen decisiones de antemano y no se enfrenten a estas situaciones. Sobre todo si las marchas son convocadas por el partido FSLN”, señala Paniagua.

Alteración al orden público
Según Álvaro Leiva Sánchez, Coordinador de la Oficina de Asuntos Laborales de la CPDH, cuando una marcha se realiza sin la adecuada supervisión y el resguardo de la Policía Nacional se están violentando los derechos a la libre circulación de los transeúntes.

“Todo ciudadano merece que se respete su derecho a la libre circulación, por lo que debe ser informado de las concentraciones y actos movilizativos, de lo contrario aquí existe una violación a sus derechos individuales. De igual forma, toda organización, incluyendo las afines al gobierno, deben contar con todos los permisos para poder desplazarse por las calles y no tomarse las rotondas cuando le dé la gana”.

Dos marchas el mismo día

El otro problema radica en que en muchas ocasiones se aprueban dos marchas el mismo día como mecanismo de contrapeso.
Según Leonel Úbeda, Secretario del IDH(Instituto de Observación de los Derechos Humanos), esta es otra de las situaciones que deben enfrentar los ciudadanos, y es un claro reflejo del caos institucional de la actual administración.
Para Gonzalo Carrión, Director Jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la otra dificultad radica en que en estas marchas intervienen los intereses políticos del presidente Ortega.

“Aquí existe una violación al derecho de expresión de los grupos que no son pro-gobierno, ya que los grupos orteguistas tienen plena libertad de cerrar las calles bajo la venía de la Policía Nacional, poner música más de allá de los decibeles permitidos, obstaculizar el acceso de los ciudadanos y hasta movilizarse en vehículos sin placa. En cambio, quienes desean expresarse contra la reelección de Ortega o a favor de los derechos de las mujeres sin ser afines al FSLN, son encarcelados y hasta expulsados de las calles”, denuncia Carrión

¿Qué hacer?
Para evitar estas situaciones, David Silva da algunas recomendaciones:
La Policía Nacional debe destinar más agentes que resguarden el orden y regulen el tráfico, libre de toda partidización política.

Los partidos políticos y organizaciones tienen que destinar parte de sus militantes para regular el tráfico en coordinación con la Policía Nacional.

Se deben especificar las fechas, las rutas que serán cerradas y las vías de acceso alternativas al menos con 24 horas de antelación, a través de los medios de comunicación, y con mantas y afiches colocados por la Policía Nacional.
No se les debe conceder permiso de movilización a bandos opositores el mismo día.

La Policía Nacional debe garantizar el resguardo a todos las organizaciones, sin importar su filiación política.