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“Somos protectores de la vida o cómplices de la muerte” fue la cita de Roberto Cuéllar, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, quien señaló la necesidad de modificar y mejorar la Carta Democrática Interamericana desde una perspectiva de los derechos humanos, dado que las actuales “democracias” en la región mantienen el nombre, pero sin cumplir con satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos.

“Nos hemos dado cuenta de que casi todo esto redunda en un círculo vicioso del problema de la falta de derechos. La gente más pobre es usada, utilizada, y los poderosos manejan el bien común a su antojo”, expresó Cuellar.

Estas declaraciones las brindó en el marco de la consulta segunda regional para la reconceptalización de la democracia dentro de un marco de derechos humanos, inclusión y participación ciudadana desde la dimensión de la pobreza, realizada en El Salvador. Ahí participaron representantes de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación, esto luego de consultar a niveles intermedios y altos.

El director del IIDH dijo que esta consulta, la segunda en su tipo, tiene el apoyo del Sistema Interamericano y del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y pretenden obtener criterios para modificar y mejorar la Carta Democrática Interamericana desde la perspectiva del cumplimiento de derechos humanos.

Indicó que en Montevideo, Uruguay, se realizó el primer encuentro y haciendo comparaciones con Centroamérica, es coincidente de la situación política, económica, los abusos de funcionarios públicos, aunque cada uno con distintos estilos, pero el núcleo es el mismo: no hay derechos, más que de ir a votar cada 4 ó 5 años, según el país.

“Lo que tratamos es de llevar más adelante las condiciones y crear un proceso de colocar estos puntos en la agenda del Sistema Interamericano y la OEA, para democratizar la democracia sin limitarnos a las perspectivas del juego político, ni del juego electoral. Se necesita un golpe de timón de la institucionalidad, se trata de un golpe bien pensado y no de suerte para en la estructura, para hacer una democracia más realista en cuestión de derechos humanos”, remarcó.

El caso Nicaragua
En nuestro país, tanto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, entre otras organizaciones civiles, han destacado a nivel nacional e internacional, las continuas violaciones gubernamentales al mismo Estado de Derecho, la persecución a las organizaciones civiles independientes y a sus miembros, además de la corrupción y el partidarismo en el mismo sistema de justicia y el Consejo Supremo Electoral.

Sobre la situación de Nicaragua, Cuéllar dijo no poder opinar sobre el gobierno nicaragüense, porque eso le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no al IIDH, pero sí exteriorizó que la situación de nuestro país le preocupa, principalmente de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Estuve en Nicaragua hace unas semanas y observé la pugna así como diferencias de criterio por el sistema de la observación electoral. Aparentemente, los sectores del partido oficial y del gobierno no han dado la autorización oficial, y espero que recapaciten para llevar a cabo un sistema de mejoría internacional. La OEA ha participado como observador en varias elecciones, pero en las últimas, la muy cuestionada elección municipal, ya no participó”.

Cuellar aseguró que ni si quiera se está planteando llevar observadores a Nicaragua para los comicios de noviembre, pues no hay invitación, lo cual deja mucho qué pensar dada la actual falta de confianza de la población en la instancia electoral. Explicó que una observación ideal tiene que planificarse un año antes si se quiere realmente hacer una misión integral, con una misión de observación global y de observación específica de la legislación electoral.

“Pero si se requiere de una observación urgente mínimo puede ser un mes antes. Creo que aún estamos en los plazos para que pueda abrirse el telón. Ojalá que la sociedad civil independiente nicaragüense pueda hacerlo porque tiene ese derecho. Para un gobierno la observación electoral es salto de calidad, principalmente cuando el mejor observador es la ciudadanía, que es la más eficaz”.

Cuellar destacó que los competidores electorales deberían tener representantes responsables, acreditados ante el organismo electoral y que por supuesto deben estar capacitados. Pero, según conoció, la oposición al partido gobernante actualmente no tiene gente capacitada para observar elecciones, ni para fiscalizar, por no tener personal preparado y sin un plan estratégico. “Considero que no pueden estar esperando que OEA o Naciones Unidas vayan a observar. En primer lugar, esto corresponde a la iniciativa nicaragüense”, destacó.

Grave situación de Honduras
En el análisis, según la perspectiva de representantes de sus propios países, además de Nicaragua, una de las naciones centroamericanas que se destacó por la gravedad en su falta de institucionalidad es Honduras.

Sarah Aguilar, ex fiscal por casi diez años y perteneciente al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras, enfatizó que el nacimiento de su organización tiene su raíz en una huelga de hambre iniciada por fiscales del Ministerio Público.

“Esto a partir de que los expedientes de varios funcionarios públicos de gran poder económico y político, acusados por diversos delitos, eran engavetados por los fiscales generales en el año 2008”, expresó recordando que ella, junto a tres fiscales, en protesta iniciaron una huelga de hambre que se alargó por 38 días, y a la que unieron en total 68 trabajadores del Poder Judicial, dado que el problema era generalizado, antes del golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

“Suspendimos la huelga de hambre porque prometieron la revisión de los expedientes y sus casos, pero las promesas sólo fueron eso. Después –con el gobierno de Roberto Micheletti- igual siguió funcionando el problema en el sistema de justicia”, aseguró.

Señaló que antes del golpe ya existía una fuerte división entre los que tienen el poder y los gobernados. Luego la división se tornó entre los que estaban a favor del golpe y los que no. Algo que se evidenció más en el sistema de justicia, donde hubo represalias contra los jueces que se manifestaron contra la toma violenta del poder.

Alega que cuando se presentaron las acusaciones contra los militares golpistas el Ministerio Público de Honduras desestimó las acusaciones, argumentando que lo hecho por los militares era “necesario” para evitar derramamiento de sangre.

FMLN no fue la respuesta
Las quejas por la falta de respuesta a los derechos básicos no es exclusiva de países totalitaristas, o de los de derecha, también ocurre en gobiernos de los cuales se esperaba fueran progresistas, como El Salvador, donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, tiene el poder.

Fabricio González Ayala, de la Asociación Salvadoreña de Veteranas y Veteranos de Guerra provenientes del FMLN, señaló que a nivel general en derechos humanos en su país un problema es la total indiferencia existente hacia la población pobre.

“En El Salvador no hay una política de desarrollo económico basado en la productividad independiente. Como país no somos autosuficientes alimentariamente, sino que estamos a merced del gran comercio y la especulación bancaria. Esto genera desempleo y la única alternativa es irse a otros países, lo cual deteriora a la sociedad y la familia. Se dice que estamos en crisis económica, pero los primeros en incrementarse los salarios son los funcionarios públicos a la cabeza de las instituciones. Entre estos tenemos a los diputados, quienes objetan los altos costos de la vida, y por eso se recetan entre 3 mil 500 a 4 mil dólares mensuales”, destacó.

Ayala menciona que están conscientes de que cambiar el sistema no es de un día, pero a estas alturas, en los procesos de la toma de decisión, las mayorías no juegan un papel determinante. “Aunque se cambió al gobierno, nos damos cuenta de que no quiere decir que se cambió el esquema. Se hacen elecciones para elegir gobernante, pero después el pueblo no decide. Estamos muy débiles en la democracia participativa. Un mal que incluso está en todos los partidos, donde tampoco la militancia manda y queda a la mínima expresión. Si me preguntan a quién representan los partidos, yo diría que a nadie”.

Por otra parte, dijo que los veteranos de guerra del FMLN están desprovistos de beneficios, a pesar del sacrificio que realizaron con la esperanza de una mejoría social.

“Los veteranos no tienen ninguna prerrogativa especial, actualmente hay una mesa de diálogo con el gobierno que consideramos en alguna medida favorables, pero las condiciones de estos es mala. La mayoría intentó su reinserción en el área agropecuaria, recibieron tierra, pero quedaron abandonados porque no existe una política adecuada para la productividad”.

México: violencia y descomposición social
El mexicano Carlos Rodríguez Rivera, del Centro de Reflexión de Acción Laboral, fundado por jesuitas para la promoción y defensa de los derechos laborales, mencionó que su país vive una “violencia laboral de Estado”, enmarcada en una situación de violación de los derechos humanos.

“La violencia y la crisis laboral que enfrentamos está explicada desde los ochentas. Todavía con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, existe una precarización de las condiciones de trabajo y de vida de las mayorías, en términos de no ofrecer empleo estable, sin un salario suficiente, no garantizar los derechos de contratación colectiva, de coartar el derecho a la libertad sindical.

Con la disminución de oportunidades, la juventud no tuvo más alternativa que buscar la frontera con Estados Unidos en busca de una mejoría laboral o bien de ser partícipe de negocios ilícitos”,  explica Rivera.

“Hay una iniciativa emprendida por el gobierno en contra de crimen organizado, pero fue algo surgido luego de un fraude electoral y centrada en los aspectos represivos con la militarización, pero no se están combatiendo las causas del empobrecimiento de la gran mayoría del país, ni hay un combate contra la corrupción. Ninguno de los negocios ilícitos florecería sin conexión política y el sustento financiero”, comentó Rodríguez.

Panamá no queda al margen
Para Bolívar López, del Congreso General Cuna, organización indígena de Panamá, en su país el problema no difiere mucho del resto de la región. “A nivel general hay mucho malestar por la falta de cumplimiento de los derechos de los indígenas y de otros grupos organizados, entre estos los transportistas. También por la problemática del incumplimiento de los derechos laborales, salud y educación”.

López señala a los derechos indígenas, no se hacen efectivos y después de cien años siguen defendiendo sus territorios ancestrales. “En tanto a salud y educación, sí hay un aceptable nivel de cumplimiento, según los parámetros internacionales, pero en la práctica no se respetan nuestras costumbres y chocamos con las vivencias de las comunidades”, expresó López.

Roberto Cuellar, en representación del IIDH, dijo que en Centroamérica somos una región donde el 70 por ciento de su población es extremadamente pobre y es utilizada o manipulada para votar a favor de tal o cual candidato, aunque hay gente –dada su pobreza- que ni eso puede hacer por no tener el dinero para comprar su documento de identidad, su cédula o su carnet electoral. Entonces, se pregunta, ¿de qué democracia estamos hablando?

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