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Muy cautelosos estuvieron ayer el presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, TAG, Norman Miranda Castillo y la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, Ajumanic, de esta ciudad, Donají  Meza, respecto al proyecto de destitución que pende sobre los magistrados Ligia Rivas Peña, Julia Marina Selva y Alejandro Estrada Sequeira, supuestamente por cometer actos de corrupción.

A los tres funcionarios --que están suspendidos desde enero pasado-- se les atribuye la liberación de varios narcotraficantes y la reducción de pena a otros sujetos condenados por el mismo delito, que estaban guardando prisión en el Sistema Penitenciario.

Miranda Castillo no quiso conceder una entrevista a EL NUEVO DIARIO, pero a través de la divulgadora del Poder Judicial, Marielena Campos, informó que la defenestración continúa en marcha, tal como lo reveló hace algunos días el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar.

Indicó que para destituir de sus cargos a los magistrados se necesita de por lo menos doce firmas que a la fecha no han sido recopiladas. Los altos funcionarios están suspendidos sin salario alguno, y de no conseguirse el total de firmas, permanecerán así hasta que venzan sus períodos dentro del TAG, según lo dejó entrever Aguilar.

Sin embargo, la divulgadora apuntó que tanto Selva como Estrada fueron electos a inicios de 2010 para un plazo de cinco años, por lo que sus magistraturas concluyen hasta en 2015.

“A la primera que se le vence el período es a la magistrada Ligia Rivas, pero a los otros dos les falta mucho tiempo, porque acaban de ser electos”, dijo.
La presidenta departamental de Ajumanic tampoco quiso referirse al caso, y más bien justificó que no tiene conocimientos sobre la “supuesta” amenaza de destitución.

“A mí nadie me ha informado de eso. Ni las autoridades nacionales se han comunicado conmigo, ni ellos (los magistrados) me han pedido apoyo. Lo poco que conozco lo sé a través de los periódicos, nada más”, acotó Meza, quien, además, funge como titular del Juzgado Local Civil de Granada.