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“Creí que el acceso a la justicia era efectivo, pero me fui encontrando mes tras mes conque era inaccesible”, dijo Stephanie Pérez Borge, quien tras 12 años de sufrir maltrato intrafamiliar, finalmente su hoy ex cónyuge, Manuel Salvador Rocha Castillo, fue declarado culpable, pero se le envió a su casa con libertad condicional, mientras se dicta sentencia. Esto, desgraciadamente, no sería algo raro, si no fuera porque la víctima es propiamente una fiscal del Ministerio Público.

“Pensé que, efectivamente, había acceso a la justicia para la agredida. Por mi cargo de fiscal no esperé ninguna preferencia como víctima, pero la decisión del juez me expone”, expresó.

Agregó que se ha limitado a sus hijas y a no salir a la calle por temor a encontrárselo, porque es un hombre violento.

“Esto causa en mí ansiedad y desesperanza, al ver que el sistema de justicia sigue girando a su favor”, expresó Pérez, quien a un año de la denuncia, y al menos nueve reprogramaciones de juicio solicitados por la defensa, finalmente se llegó a un fallo que hasta el momento no significa nada.

“Lo que me desmotivó más es la complacencia del judicial Tomás Eduardo Cortés, Juez Octavo de Juicio, con los mecanismos de retardación o las tácticas dilatorias de la defensa, que eran evidentes, y para identificar esto ni es necesario conocer de leyes. La situación de estrés y la impotencia, afectó mi salud y estuve dos meses y medio de subsidio”, comentó la afectada.

La odisea de violencia doméstica de Pérez comenzó tras su matrimonio con el ingeniero civil Manuel Salvador Rocha.

Según el fallo judicial, Rocha fue su victimario en una convivencia que duró de 1998 hasta su divorcio en abril de 2005.

Su calvario ha continuado
Según la víctima, lo que ella no esperó es que su calvario continuaría, y los diversos episodios violentos físicos y sicológicos siguieron, mostrándose con intercepción vehicular, agresión física estando ella embarazada, acoso telefónico, amenazas, trabajo sicológico con las niñas y la amenaza de quitárselas.

Además de que su ex cónyuge le recalcara todo el tiempo que con su capacidad financiera podía obtener cualquier tipo de resolución judicial a su favor.

La doctora Odette Leytón, Fiscal Especial de Género del Ministerio Público, señaló que, el sistema como tal, permite una victimización secundaria, reflejándose que no es rápido, oportuno y eficaz.

“Cuando se logra obtener un escaño dentro del proceso, no siempre la víctima sale favorecida. En este caso vemos la necesidad de una ley que procese esta problemática de forma más efectiva para las mujeres víctimas de violencia. Aquí no estamos representando a una fiscal, sino a la víctima Stephanie Pérez Borge, que es una mujer que ha sufrido violencia y ha sido humillada en el ámbito público por su ex pareja”, dijo la fiscal especial.

Indicó que la víctima recorrió la ruta de la justicia sin trato preferencial, pero más bien su caso ha sido obstaculizado desde que inició el proceso, y en función del acusado y el defensor y en una actitud de desgaste de la parte acusadora para que desistiera del proceso.

¿Cómo es posible que en casos de narcotráfico, al encontrar culpabilidad por traficar sustancias ilícitas se aplique prisión preventiva, pero en un caso de violencia contra la mujer, cuando está en juego la vida de una mujer, bajo culpabilidad se le mande a su casa al victimario?, se preguntó Leytón, alegando que existen suficientes antecedentes de mujeres asesinadas por razones similares.