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“Si fuera el robo de una vaca, de seguro el agresor queda tras las rejas, pero la fiscal Stephanie Pérez Borge “solo” es una mujer que sufre violencia intrafamiliar. Para el juez no es necesario dejar al agresor tras las rejas, aunque haya sido declarado culpable”, dijo Azahalea Solís, quien forma parte de la directiva del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM.

Para la representante del movimiento que lucha por los derechos de las mujeres, la comparación es brutal, pero real, y resume la conciencia de doble moral de muchos miembros del sistema judicial, que no valoran la vida de la mujer.

Ella durante seis años vivió bajo violencia intrafamiliar en su matrimonio con Manuel Salvador Rocha Castillo, pero el divorcio no fue la solución. Así se inició el acoso y las amenazas en contra de ella.

Tras la acusación y un proceso que duró casi un año por las tácticas dilatorias de la defensa, con la anuencia del juez Tomás Eduardo Cortés, finalmente en el juicio del martes, Rocha fue declarado culpable, dado el peso de los elementos probatorios.

Sin embargo, el juez aplicó una medida alterna a la prisión preventiva, bajo el argumento de que él es un juez técnico.

Opinión de Fiscal
Para la fiscal de género, Odette Leytón, el mismo Código Procesal Penal establece el límite de la medida cautelar de acuerdo al artículo 154, el cual se concatena con el 179.

“El argumento del juez no está establecido por la ley. Todo lo contrario. La ley le permite adoptar una disposición y él está obligado a tutelar los derechos de la víctima conforme a las convenciones internacionales que como Estado hemos suscrito y como parte de las medidas internas establecidas”, explicó la doctora Leytón.

Señaló que ayer enviaron un escrito ante el juez Octavo de Distrito Penal, Tomás Eduardo Cortés, con copia a la magistrado Alba Luz Ramos, quien encabeza la Corte Suprema de Justicia, para que al determinar la sentencia se cumpla con los requisitos a los cuales lo obliga la ley, y que se pronuncie sobre la medida cautelar de prisión preventiva que el mismo cuerpo de ley exige, según el Código Procesal Penal.

La sentencia, que será leída el próximo lunes, podría estar entre los tres a los siete años de prisión para Rocha Castillo, quien estando en libertad bien podría reincidir.

Otro caso similar
Por otro lado, Solís recordó, entre otros casos, el de una mujer de Esquipulas, quien falleció por las estocadas propinadas por su marido, “gracias” a una medida cautelar igual a la del juez Cortés.

“Lo que estos jueces promueven es la impunidad. A esto se agrega el tráfico de influencias del que está minado el sistema judicial”, comentó Solís.
Fátima Millón, quien forma parte de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que se está enviando un pésimo mensaje, pues no es más que otra evidencia de que sin importar el estrato social, el sistema no garantiza la protección de las mujeres, y los protocolos de acción, políticas públicas y los convenios internacionales no sirven de nada para algunos jueces.

Un delincuente en libertad
“Las medidas cautelares alternas a la prisión para un agresor condenado no son eficientes, y exponen a la mujer agredida a ser de nuevo un víctima. El mensaje del sistema judicial es que sin importar lo que haga un agresor, éste no será detenido. Una persona condenada en libertad condicional --principalmente con antecedentes-- es un delincuente en libertad porque un juez lo permite”, remarcó Millón.