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La denuncia por supuestas adopciones ilegales en Mulukukú fue oficializada ayer ante el Ministerio Público, contra  la cooperante norteamericana Dorotea Granados y contra Grethel Sequeira, presidenta de la Cooperativa de Mujeres “María Luisa Ortiz”, señaladas de cometer el delito de trata de personas.

Enrique Gutiérrez, representante legal de Óscar Ruiz Martínez y de Silvia Martínez, padre y madre de las víctimas, advirtió en su denuncia que si la Fiscalía decide “estancar, perder o simplemente no dar trámite a la denuncia”, ellos están listos para entablar una acusación particular y denunciar el hecho ante los organismos internacionales de justicia en contra del Estado de Nicaragua.

Según la denuncia, los hechos se dieron desde hace siete años, cuando las señaladas, por medio de presión, persuasión y halagos, convencieron a Juana Díaz Flores, esposa de Óscar Ruiz, para que les entregaran a Gioconda y a Ruth Ruiz Díaz, para entregarlas a hogares donde les “darían una mejor vida”.

Denuncia desde 2008
Esta situación se da cuando Ruiz se encuentra detenido de manera arbitraria en la Policía de Mulukukú y posteriormente en Siuna por cargos que las acusadas habían inventado para cometer el ilícito sin obstáculos, señaló el abogado.

Con el mismo modo de operar, las señaladas persuadieron a Silvia Martínez para que les entregara a una niña de dos meses de nacida que estaba a su cuidado, para entregarla supuestamente a familias extranjeras. De acuerdo con el abogado denunciante, existen tres casos más de “rara” adopción en Mulukukú de parte de las señaladas, que también deben ser investigados.

Según el Código Penal, es autor del delito de trata de personas quien valiéndose de amenaza, ofrecimientos, engaño… facilite la captación de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, para que la misma sea ejercida dentro o fuera del territorio nacional, aun con el consentimiento de la víctima. Será sancionado con pena de 7 a 10 años de prisión. Si la víctima es menor de 12 años, la pena será de 10 a 12 años.

El abogado Gutiérrez aseguró que en 2008 ya habían interpuesto la denuncia en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional por recomendaciones del Ministerio de la Familia, pero nunca hubo respuesta. Ayer la denuncia fue recibida por la fiscal Scarleth Cruz.