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La representación del gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dejó evidenciada su falta de argumentos lúcidos, su intolerancia, y prácticamente calificó de intervencionista a esta instancia de prestigio internacional, cuando le inquirieron sobre la observación internacional de las próximas elecciones, mientras las explicaciones sobre la reelección ilegítima del presidente Ortega y el ataque de las bandas orteguistas, dejaron mucho qué desear y no convencieron a nadie.

Luego de la 141 período de sesiones de la CIDH, que se celebró en Washington, en la que se examinó el actuar del gobierno de Nicaragua sobre diversas violaciones a los derechos humanos, la doctora Vilma Núñez, Directora del Cenidh, vía telefónica dijo que era triste y lamentable el papel que presentó Nicaragua ante un organismo de derechos humanos a nivel internacional, ya que no fueron capaces de dar respuestas coherentes y creíbles, además que sus argumentos sobre la reelección no fueron más que los discursos vacíos, tratando de justificar la ilegalidad de la “sentencia” de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que permite la reelección del presidente Daniel Ortega.

En audiencia especial, esa llamada sentencia ya había sido descalificada por sus bases antijurídicas que atentan contra lo más elemental del derecho universal, dijo Núñez.

Más amenazas ante falta de razones
Asimismo, consideró peligrosa la descalificación del gobierno contra el Cenidh, por lo que no descarta más agresiones tanto a esta instancia como a otros ONG que no tienen la misma política partidista del gobierno.

“No iban preparados para contrarrestar o explicar los atropellos con que están caracterizando el comportamiento desde antes de la campaña electoral, de cómo limitan la libertad de manifestación y la libertad de expresión”, comentó Núñez.

En la cesión de la CIDH se abordaron los temas de las magistraturas con cargos vencidos, Ley Electoral vigente restrictiva de derechos políticos, la ilegalidad de la reelección de Ortega, la necesidad de observación electoral, además de las limitantes al derecho a la manifestación, y las agresiones de simpatizantes del gobierno en contra de quienes osan criticar a éste.
Así también, las agresiones y amenazas a periodistas de medios de comunicación independientes.

Aunque el tema de amenazas contra el periodista de EL NUEVO DIARIO, Luis Galeano, no fue abordado en esa sala, el gobierno envió a la CIDH un documento en el cual deja expreso que no hay necesidad de medidas cautelares o protección a su favor, dado que las amenazas no han continuado. Pero que las investigaciones están por “buen camino”.

La comparecencia fue presentada en video ante los medios de comunicación nacionales en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, cuyos representantes formaron parte de la delegación demandante, junto a miembros del Centro por la Justicia y el Derecho a la Información, Cejil, y de la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT.

Un magistrado maliciosamente trasnochado
Por el gobierno de Nicaragua estuvieron presentes el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, además de Iván Lara y del doctor Luis Alvarado.

Ante los señalamientos, el magistrado Rosales no sólo confundió al antiguo represor Ministerio del Interior con lo que hoy es el Ministerio de Gobernación, sino que minimizó los ataques de simpatizantes orteguistas contra quienes no comulgan con las mismas ideas, alegando que ese tipo de acciones ocurren en todos los países. Defendió a “capa y espada” la reelección del actual presidente Ortega, y tildó de “intervencionismo” la intención de que organizaciones internacionales observen las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

“No es política del Estado agredir a nadie. Son cuestiones espontáneas que surgen”, dijo Rosales, y cuando le preguntaron de por qué no había intervención de las autoridades, su respuesta es que eso ocurre en todos los países del mundo. El Estado sí toma medidas, para eso están el Ministerio de Gobernación, la Policía, que dirige el orden público, pero nosotros no podemos apuntarnos al caos y a la desestabilización”, dijo Rosales.

En el caso de las preguntas sobre la intolerancia grave en contra de los dos jóvenes de Rejudin, expresó que no tenía nada qué decir, sólo que la manifestación observada no fue más que el choque entre dos posiciones.

“Ahí el que tiene que definir es el Ministerio del Interior… de Gobernación”, dijo en su confusión, alegando que nadie salió golpeado.
En tanto, en su intervención, el doctor Alvarado, en representación del Estado, se limitó a descalificar a las organizaciones de derechos humanos demandantes.

Indicó que el Cenidh se ha convertido en una asociación activa al servicio de la oposición del gobierno, y que tanto al inicio como al final de su discurso se mostró como un partido político más que como una organización de derechos humanos, con un claro objetivo de reducir los avances del gobierno de Daniel Ortega.

Larios lo refuta
Irving Larios, representante de la  Federación de Organizaciones No Gubernamentales, comentó que las consideraciones del doctor Rosales son desafortunadas, pues sigue en la misma línea de no querer reconocer los derechos de los nicaragüenses.

“Eso es grave, principalmente cuando se niega a permitir la observación in situ de todas las violaciones a los derechos que sufrimos a diario los nicaragüenses. En el caso de la reelección, es obvio que hay un esfuerzo dirigido de todas las instituciones del Estado y sus poderes para asegurar la candidatura del presidente Ortega, cuando saben que es ilegítima e ilegal”, señaló Larios.

Por su parte, Byron Rivas, de Rejudin, expresó que quedó más que clara la posición del gobierno de Ortega, que no puede justificar la reacción de los grupos de choque del Frente Sandinista ante los defensores de los derechos humanos y los defensores del respeto a la Constitución Política.