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Las denuncias por violación a los derechos laborales incrementaron de 33 en 2009, a 674 en 2010, según el informe sobre Acceso a la Justicia realizado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

Denis Darce, encargado de Proyectos y Capacitación de la CPDH, dijo que el incremento se debe a que el organismo dio más énfasis a la atención de este tipo de denuncias.

Agregó que también se suman otras circunstancias, como los despidos masivos sin justificación en algunas instituciones del Estado y alcaldías, y que una gran cantidad de trabajadores se cansaron de esperar resoluciones judiciales, además de que los funcionarios públicos no las acatan.

Dijo que los ciudadanos acuden a denunciar porque se trata de despidos injustificados y de falta de cumplimiento de los deberes y de las obligaciones del patrón, principalmente el Estado de Nicaragua, que es el mayor empleador.

Estado no cumple
“En el caso del Estado, la situación es grave, porque bastantes trabajadores han recibido sentencias favorables de parte de los tribunales de justicia, pero no han sido acatadas por los funcionarios de las entidades públicas, quienes deben ser los primeros en cumplir con las leyes del país”, explicó Darce.

Entre los despedidos a quienes no se les ha pagado sus prestaciones laborales, hay muchos que son protegidos por la Constitución, por tener fuero sindical, pero aun así fueron removidos de sus cargos.

El caso más representativo en esta materia, que acompañó la CPDH, fue el despido de 19 trabajadores de la Alcaldía de Granada, donde la resolución judicial mandó el reintegro laboral, pero los funcionarios no obedecieron la resolución.  También está el despido de 13 trabajadores de la Alcaldía de Ciudad Darío, y el trabajador del Ministerio de Transporte e Infraestructura que estuvo en huelga de hambre frente a esta institución.

Las denuncias por Violencia Intrafamiliar, que significan el 50 por ciento de los casos atendidos por este organismo, pasaron de 441 a 444, y contra la Policía Nacional subieron de 197 a 199.  Otro dato importante es que los casos por retardación de justicia pasaron de 33 en 2009 a 106 en 2010.