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Organizaciones nacionales e internacionales reclamaron al gobierno de Nicaragua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la necesidad de que el Estado tome acciones concretas para prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, sin embargo, la representación de nuestro país no mencionó interés en realizar acciones inmediatas para aplacar el problema.

Los señalamientos de la falta de acceso a la justicia en los casos de violencia intrafamiliar y sexual contra las mujeres y las niñas se hicieron durante la audiencia pública ante CIDH, celebrada el pasado viernes 25 de marzo en Washington D.C., Estados Unidos, donde incluso la representación del Estado de Nicaragua además de imprecisa, falsamente habló de sanciones que no se están poniendo en práctica.

Entre los casos puntuales mencionados está el de la fiscal Stephanie Pérez Borge, víctima de violencia por parte de su ex marido, y quien padeció un proceso judicial engorroso y revictimizante.

Además de la serie de programas mencionados por el doctor Iván Lara, en representación del Estado nicaragüense, el doctor Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, intentó mostrar la  buena voluntad del gobierno en resolver la problemática, alegando que estaban tomando medidas al respecto.
Rosales dijo textualmente: “El día miércoles fue suspendido el juez –Tomás Eduardo Cortés- que estaba conociendo el caso de la fiscal y se le abrió un proceso investigativo precisamente para ver qué sucedió. Azahálea dijo que eran nueve audiencias, pero en realidad fueron once, lo que revela un abuso de poder por parte del juez, desgraciadamente. Porque no se puede posponer tanto una audiencia”.

A pesar de sus declaraciones, la vocería de la CSJ mencionó que aparentemente lo dicho por Rosales fue una confusión.

“Talvez hubo una confusión, porque el doctor viajó jueves y no tenía información suficiente, porque hasta ahora no se conoce que haya suspensión contra el juez Tomás Eduardo Cortés”, dijo Roberto Larios, responsable de divulgación de la CSJ.  

Respuestas del Estado no fueron satisfactorias
De esta manera, las respuestas por parte de la representación del Estado de Nicaragua no fueron satisfactorias para las 15 organizaciones, entre nacionales e internacionales peticionarias ante la CIDH.

Indicaron que desde 2007, cinco comités de Naciones Unidas, entre estos la Organización contra la Tortura y el Comité de Derechos de la Niñez, se han pronunciado por la situación de violencia que afecta a las niñas y mujeres en Nicaragua. Específicamente sobre la importancia de prevenir estas violaciones, la despenalización del aborto terapéutico, pero hasta el momento el Estado ignora estas recomendaciones.

Para Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, la CSJ ha demostrado un lamentable papel, ya que como parte de la ilegalidad y ruptura del orden democrático, se están causando daños serios a los referentes jurídicos.
Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, dijo que su instancia está sumamente preocupada por la cifra exagerada de violencia intrafamiliar y sexual, de las cuales muchas son niñas.

“Esto es una violación al derecho a la igualdad. Hay falta de justicia y el tema del aborto terapéutico que sigue sin resolverse”, dijo Aguiluz, agregando que Nicaragua debe rendir cuentas y cumplir con sus obligaciones.

Consideró lamentable que por cuarta vez la CIDH solicita la visita de una comisión para investigar los casos presentados, pero el gobierno de Nicaragua sigue siendo negativo.