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El presidente del Consejo Supremo Electoral, magistrado Roberto Rivas Reyes, no ha aclarado el destino de C$37 millones de córdobas que el Ministerio de Hacienda asumió como deuda pública en el Presupuesto de 2011, bajo el supuesto que se usaron para adquirir material de cedulación, pese a que contratos y testimonios de un ex proveedor, así como de un ex funcionario de ese poder del Estado, contrarrestan los argumentos del denostado funcionario electoral.

Indagaciones de EL NUEVO DIARIO soportadas con documentos, confirman que Rivas pagó en 2005, 173 mil dólares, para que Mario Chow Pérez, en ese entonces el proveedor exclusivo de multiservicios y bienes al CSE, les proveyera materiales para la elaboración de cédulas, pese a la existencia en bodegas de materiales para garantizar un millón 200 mil documentos.

En noviembre de 2010, Rivas confesó infringir la Ley de Deuda Pública, Ley 477, al realizar un supuesto préstamo de C$37 millones a un banco privado aún no identificado, sin aprobación de la Asamblea Nacional. Además, afirmó que el dinero se usó para el proceso de Cedulación Ciudadana, algo que, de ser cierto, haría más delictivo el cobro de 300 córdobas por la cédula nueva, la cual, según la ley, debe ser gratis.

Rivas, según una carta de cuatro párrafos que envió al presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, el jueves 25 de noviembre de 2010, reveló que el dinero lo obtuvo de un banco que no identificó, adjuntando a ella un simple recuadro sin documentos soportes, con sumas y restas de gastos sin precisión.

El titular de facto del Poder Electoral admitió que el préstamo --del que no especifica fecha en que lo adquirió, banco emisor, tasa de interés ni plazo de pago--, fue de C$35 millones, pero que a esas alturas por “amortizamiento e intereses” se acumulaban C$2 millones, para un total de C$37 millones.


“La salida de baño”
En su misiva, Rivas afirmó que en 2005 la Asamblea Nacional aprobó un fondo de contravalor del gobierno español por un monto de 5.4 millones de euros, para el proceso de Modernización de Registro Civil de las Personas y Cedulación Ciudadana.

“Es importante señalar que esta aprobación contemplaba que el Estado de Nicaragua otorgaría con fondos de rentas del Tesoro una contrapartida nacional para finalizar la primera etapa” de ese proceso, “y hasta el momento esta institución (el CSE) no ha sido sujeto, por parte de la Asamblea Nacional, de ese fondo anteriormente mencionado”.

Es decir, Rivas decidió que como la Asamblea no había aprobado el fondo de contravalor, él podía disponer de la contrapartida nacional, y fue así que asumió la deuda con el banco cuyo nombre ocultó, sin haber informado al Ministerio de Hacienda y sin contar con el aval de la Asamblea Nacional, que al final terminó aprobando incluir el adeudo en el Presupuesto General de la República de 2011.

El artículo 31 de la Ley 477 señala que toda emisión de títulos valores efectuada por las instituciones que alcanza esa misma norma, deberá ser registrada y controlada por la CGR, y según el presidente inconstitucional de la entidad fiscalizadora, Guillermo Argüello Poessy, “no tenemos ninguna información de esa deuda que se ha mencionado en los medios de parte del CSE”.

 

Cuentas del “gran capitán”
Para concluir su exposición, Rivas adjuntó un cuadro que refleja los rubros en que se ha invertido el préstamo que se autorizó solo, “que incluye fondos del presupuesto ordinario que de manera directa se han invertido en el mismo proyecto, esto sin contabilizar todos los gastos indirectos que hemos realizado en función de este Proyecto de Modernización”.
El recuadro señala la Inversión Primera Etapa de Modernización del CSE, en la cual, según Rivas, se gastaron 25 millones 547 mil córdobas en “Tarjeta de policarbonato”.

En sus cuentas, Rivas también incluyó 942 mil 756 córdobas, en “capacitación”; un millón 155 mil, en “Instalaciones de redes para las estaciones de servicio en 11 departamentos y 22 estaciones en Managua”; 14 millones 700 mil, en “Contratación de personal”; 161 mil córdobas en “Ampliación de ancho de banda”; un millón 42 mil, en “Reparación y servicio soporte técnico”, y 425 mil 632 córdobas, lo cual hace un gran total de 43 millones 973 mil 388 córdobas.

 

El contrato oculto
Lo que no dijo Rivas en su carta, es que en mayo de 2005 otorgó un Poder General a Francisco Quiñónez Reyes, Secretario General del CSE, para contratar los servicios de Comercializadora del Caribe S.A. Comercasa, de la que es gerente General Mario Chow Pérez, para brindar servicios al CSE.

Quiñónez fue de los funcionarios que recurrió de amparo luego que Chow Pérez lo denunciara junto al director Administrativo del Poder Electoral, Las Palmas, Mauricio Fernández, y otros funcionarios que forman parte del “método” Rivas, cuando el empresario los denunció por falso testimonio agravado.

Fue el Secretario General del CSE, quien firmó en marzo de 2005, con Comercasa, un contrato por 173 mil dólares, para que éste les proveyera 200 millares de hojas de seguridad y 2000 bobinas de poliéster-polietileno para elaboración de cédulas de identidad.

En el caso del acuerdo para la elaboración de cédulas, la modalidad de contratación fue directa, derivada de una exclusión de procedimientos que Rivas pidió a la Contraloría, y que, sin contratiempos, fue aprobada por el pleno de los colegiados.

 

Habla Chow
Mario Chow accedió a hablar rápidamente del contrato relacionado con el material, pues se encuentra en una disputa judicial con Rivas y “sus hombres”, luego que negaron conocerlo para no asumir una millonaria deuda de casi 60 millones de córdobas.

“Lo único que sé decirte es que lo que dice ese contrato, que nosotros le proveímos al CSE un material que fue entregado a entera satisfacción, y que el monto que se menciona, es parte de esa enorme deuda que tienen conmigo, junto con lo de la tinta (indeleble) de 2006 y de 2008”, dijo Chow.    

 

Habla exdirector de Cedulación
El exdirector de Cedulación del CSE, Dionisio Palacios, dijo a END que en esas fechas del contrato (2005), él estaba a cargo de Cedulación, y que la información sobre el manejo de los fondos del proyecto fueron administrados por Rivas y por su personal de confianza, quienes lo apartaron a él y a los técnicos de cedulación por personal del FSLN.

Dijo que en ese entonces había en inventario material para un millón de cédulas, pero que la desorganización del CSE atrasaba la cedulación, lo cual se corregiría con los fondos para la Modernización de cinco direcciones del Poder Electoral.

Al final, dice él, lo separaron del cargo y se desligó de los cambios que, a su criterio, nunca llegaron al CSE.  

“La cedulación, desde que nació en 1983, se ha hecho con donaciones, principalmente, salvo contrataciones, porque éstas no cubren pago de nómina ni de horas extras, sólo en casos especialísimos”, dijo Palacios, quien nos dio una amplia entrevista que será publicada mañana.

“Se trata de contrapartidas nacionales que dan para que un proyecto funcione, pero independientemente, la institución que va a ser objeto de la administración de una donación, para cumplir un proyecto, tiene que presentar esa contrapartida, para gasto ordinario de esa institución para el presupuesto, pero eso siempre implica contratación de recursos humano”, añadió Palacios.