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El gobierno de Nicaragua denunciará a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, por las pretensiones del gobierno tico de ingresar personal civil a la zona territorial en disputa entre ambas naciones, contraviniendo con ello los términos de la resolución emitida el 8 de marzo de 2011 por el Máximo Tribunal de Justicia.

El director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, César Vega, anunció que el gobierno acusará a Costa Rica por violación y desacato de la resolución de la CIJ, la cual establece que ninguna de las naciones puede enviar o mantener presencia civil, policial ni militar en la zona fronteriza en litigio, ubicada en Harbour Head.

Advierten a canciller tico
A su vez, mediante una nota oficial, fechada el primero de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos López, le comunica a su homólogo costarricense, René Castro Salazar, que la resolución de la CIJ respecto a los humedales en litigio es clara al señalar en el párrafo 86(1) de la Ordenanza que: “Cada Parte se abstendrá de enviar o mantener en el territorio en disputa, incluyendo el caño, cualquier personal sea civil, de policía o de seguridad”.

“El párrafo 86(2) (de la Resolución de la CIJ) contiene una sola y muy limitada excepción a esa regla general al indicar que: “No obstante el punto (1) arriba, Costa Rica puede enviar personal civil a cargo de la protección del medio ambiente al territorio disputado, incluido el caño, pero solo en tanto sea necesario para evitar que se cause un perjuicio irreparable a esa parte del humedal donde ese territorio está situado”, le recuerda el Canciller nicaragüense a su par tico.

Además, la Ordenanza del Máximo Tribunal Internacional también establece que “Costa Rica debe consultar con la Secretaría de la Convención Ramsar en relación con estas acciones, dar a Nicaragua previo aviso de ellas, y utilizar sus mejores esfuerzos para encontrar soluciones comunes con Nicaragua en este respecto”.

Con base en lo anterior, en la nota diplomática, Santos señala a Castro que “para hacer uso de esta excepción, Costa Rica debe contar con elementos que indiquen que hay peligro de que se  ocasione un daño irreparable al territorio en disputa, que el Secretariado de Ramsar sea consultado al respecto, y que también considere que hay peligro de un daño irreparable, y, finalmente, dando aviso a Nicaragua, pero también ‘utilizando sus mejores esfuerzos para encontrar soluciones comunes con Nicaragua en este respecto’”.

Costa Rica viola resolución
La Cancillería nicaragüense insiste en que “el envío de personal civil costarricense (a la zona en disputa) no puede efectuarse con el objeto de hacer una ‘evaluación preliminar’ del humedal, como lo expresa en su Nota (del 30 de marzo, el vicecanciller Carlos Roverssi Rojas), sino en tanto sea necesario para evitar un perjuicio irreparable”.

“Nicaragua considera que si a la fecha de la Ordenanza de la Corte que data de menos de un mes, no se había encontrado ni demostrado un daño irreparable en la zona en disputa, solo podría justificarse el envío de personal a esa zona en disputa si existiera una necesidad surgida con posterioridad a dicha Ordenanza, que hiciera imperativa esa visita”, agrega la respuesta de la Cancillería nicaragüense.

En todo caso, añade el canciller Santos, “las autoridades de Ramsar deben hacer una evaluación de la información en que se basa Costa Rica para solicitar la entrada a la zona en disputa. Esta información y evaluación de Ramsar debe ser comunicada a Nicaragua para cumplir con el mandato de la Corte de que Costa Rica debe utilizar ‘sus mejores esfuerzos para encontrar soluciones comunes con Nicaragua’”.

Además, la Cancillería nicaragüense señala que “la excepción a la regla general prohibiendo la entrada a las Partes a la zona en disputa, es explicada por la Corte en los párrafos 79 y 80 de la Ordenanza. Estos párrafos también hacen referencia y citan textualmente el artículo 5 de la Convención Ramsar, que enfatiza la necesidad de cooperación de las Partes en los casos de humedales transnacionales”.

“En razón de lo anterior, Nicaragua considera que para cumplir con el mandato de la Corte no solo de notificar a Nicaragua, sino de hacer los ‘mejores esfuerzos para encontrar soluciones comunes’, no basta con una simple notificación dos días hábiles antes de hacerse la visita y sin explicación alguna de las razones urgentes para la misma”, expresa la nota oficial de la Cancillería nicaragüense.

Finalmente, señala la nota, “Nicaragua considera que la forma correcta para proceder es que Costa Rica envíe a Nicaragua las razones que motivan la visita y la evaluación de esas razones por parte de Ramsar. También consideramos necesario que en la evaluación dada por Ramsar se tome en cuenta la visita que hicieron sus expertos a Nicaragua el pasado 12 de marzo, que incluyó las áreas aledañas a la zona en disputa, ubicadas en territorio no discutido nicaragüense, incluyendo la laguna de Harbour Head y el Río San Juan, que rodean y alimentan los humedales en disputa”.

“En razón de lo anterior, Nicaragua considera que la entrada a la zona en disputa en las condiciones indicadas por Costa Rica, no cumple con lo dispuesto en la Orden de la Corte del 8 de marzo de 2011”, se lee en la parte final de la Nota oficial de la Cancillería nicaragüense.