Lizbeth García
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La juez Primero de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, ordenó la libertad de William Antonio Pérez Mejía, quien era la única persona que estaba presa por la ilegal introducción al país de los “famosos” 606 mil dólares que luego “desaparecieron” de una de las cuentas de la Corte Suprema de Justicia.

“La juez ordenó la libertad por cumplimiento de la pena”, confirmó Óscar Danilo Carrión, abogado de Pérez Mejía, quien fue sentenciado en dos juzgados a dos años prisión por falsificación de documentos, y a tres años más por usurpación de títulos y funciones y por asociación para delinquir, pero como las penas debían de ser cumplidas de forma simultánea, en la práctica sólo iba a completar tres años tras las rejas.

Carrión comentó que su cliente debió haber salido en libertad el 13 de abril de 2006, pero no fue sino hasta el pasado viernes 29 de febrero cuando la juez, mediante auto, dio lugar al incidente de liquidación de pena por cumplimiento que el abogado promovió.

El abogado defensor no descartó la posibilidad de entablar demanda contra el Estado por el daño que su patrocinado tuvo al estar detenido ilegalmente dos años extras “para sentar un precedente, porque la detención ilegal de por sí genera una responsabilidad penal”, comentó.

Mejía, supuestamente, era el abogado del “dueño” de los 606 mil dólares, Jorge Eliécer Hernández o Luis Ángel González Largo, quien presuntamente llegó a Nicaragua para comprar tierras y abrir una tenería, pero durante el juicio que se les siguió a ellos dos y a tres personas más en un Juzgado Local Penal, se comprobó que William Antonio no era abogado ni Jorge Eliécer ganadero, y fueron sentenciados por asociación ilícita para delinquir y por otros delitos.

Luego todos ellos fueron enjuiciados por lavado de dinero y condenados a diez años de prisión, pero más tarde el Tribunal de Apelaciones de Managua revocó el fallo de primera instancia dictado por la juez Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, y cambió la pena y la tipificación del delito a falsificación. Luego la Fiscalía recurrió de casación contra dicha sentencia, pero la misma fue confirmada.