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  • AFP

Funcionarios costarricenses, junto a delegados de la convención mundial de protección de humedales, continuaban hoy una evaluación ambiental en una zona selvática en litigio con Nicaragua, que se ha visto dificultada por el clima y por manifestaciones de jóvenes sandinistas.

La misión costarricense, que evalúa los presuntos daños ambientales causados por Nicaragua con el dragado del río San Juan, que corre por la frontera, cumple su tarea en una porción de la diminuta isla fluvial Portillos, que ambos países reclaman como suya.

La misión ambiental ha elevado la tensión entre los dos países, enfrentados en una disputa fronteriza desde octubre, pero ambos han manifestado dispuestos a participar en una reunión bilateral en la frontera la próxima semana.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene previsto pronunciarse hoy en la noche sobre la misión costarricense.

La labor en terreno de los 13 funcionarios costarricenses y tres delegados de la Convención Ramsar de protección de humedales se vio dificultada en su primer día, ayer, por una persistente lluvia que caía sobre esa remota zona de selvas y pantanos próxima al Caribe, a la que solo se llega por vía aérea o en lancha.

El mal tiempo retrasó varias horas el inicio de la inspección, pero la mayor sorpresa la tuvieron los evaluadores cuando aterrizaron en helicópteros en la zona en litigio y encontraron a un centenar de manifestantes sandinistas que coreaban consignas reclamando para su país la soberanía del lugar.

"Gritaron improperios a los miembros de la misión científica", dijo el abogado Sergio Ugalde, de la cancillería costarricense.

"Si eran militares vestidos de civil, eso no lo podemos confirmar", agregó.

Los manifestantes nicaragüenses cruzaron en pequeñas embarcaciones el río para llegar a la zona en disputa, donde cantaron y corearon consignas a unos 10 metros de los evaluadores, separados por un pantano.

"El río San Juan y la laguna Harbour Head son orgullosamente nicaragüenses", decía una pancarta que los manifestantes plantaron en el lugar.

"No esperábamos una recepción así, prácticamente nos agredieron", se quejó uno de los delegados de Ramsar, el chileno Manuel Contreras.

Los otros enviados de Ramsar son la colombiana María Rivera y el canadiense Alfonso Rivera, que tienen su base de operaciones en la aldea costarricense de Barra del Colorado, unos kilómetros al sur de la zona en litigio.

Nicaragua ha rechazado de plano esta evaluación ambiental, un capítulo más del diferendo que estalló luego que iniciara el dragado del río San Juan, que le pertenece, el 18 de octubre.

Costa Rica, que denunció entonces una invasión militar nicaragüense y llevó esta causa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, afirma que los trabajos de dragado causaron daños en la isla y laguna Portillos, zona a la que Nicaragua llama Harbour Head.

El jefe del Ejército nicaragüense, general Julio César Avilés, afirmó el martes que Costa Rica busca apropiarse de territorio con el envío de esta misión.

Nicaragua presentó una denuncia ante la CIJ, que el 8 de marzo se había pronunciado sobre esta disputa, aunque todavía debe dictar un fallo definitivo.