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El juez suplente Pablo Narváez, del Juzgado Único Local de San Rafael del Sur, declaró culpable y mandó a encarcelar a Dalila y a Alejandro Rojas, y a Eliécer Dávila por los delitos de usurpación de dominio privado y obstrucción a la justicia, en perjuicio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Alemán Lacayo.

El proceso que culminará mañana con la lectura de la sentencia, donde el abogado de Alemán pide tres años de cárcel para los implicados, empezó por un problema de propiedad, que en vez de ventilarse en los juzgados civiles fue a parar al Juzgado Local Penal, explicó Brenda Rojas, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). La disputa por la pertenencia de 35 manzanas de tierra ubicadas en la comunidad Los Larios, cercana al río Jordán, en San Rafael del Sur, es el origen del problema legal.

Según la bogada del Cenidh, durante la audiencia, el judicial prácticamente dejó en indefensión a los acusados, porque todo alegato de su defensa lo declaraba inválido (no ha lugar), sin embargo, al abogado del magistrado se le permitió hacer uso de todo.

Los sacaron enchachados
“Nosotros vamos a seguir apoyando a esta familia, porque en este caso ya existía una acusación particular, y la jueza propietaria desestimó la causa, y una persona no puede procesarse dos veces por la misma causa”, expresó Rojas.

Al respecto, el magistrado Alemán citó el artículo 268 del Código Procesal Penal, alegando que el auto mediante el cual se ordena el archivo de la causa por falta de mérito no pasa en autoridad de cosa juzgada ni suspende el cómputo del plazo para la prescripción de la acción penal.

“Autoridades del lugar nos dijeron que el magistrado había realizado llamadas intimidantes a la Policía del municipio para que inmediatamente echaran presos a los procesados”, dijo Rojas.

El magistrado Alemán aceptó haber realizado las llamadas a la Policía de San Rafael, pero dijo que no fueron intimidantes, y que solo estaba reclamando la aplicación de la justicia, ya que era una orden judicial.

“No quiso proceso civil”
El magistrado Alemán, ante la pregunta del por qué la vía penal y no la civil en el caso, respondió que en noviembre de 2010 interpuso la demanda ante el Juzgado Civil de la localidad por deslinde y amojonamiento, pero que Dalila no se presentó y no entregó documentos de su propiedad.

Al respecto, el Cenidh aseguró que ellos tienen toda la documentación legal de la propiedad de los condenados, y fue Alemán quien no quiso presentar copias de sus documentos ante ese organismo.

“¡Ja!, los del Cenidh creen que yo soy muchachito. Querían montarse sobre mis documentos y por eso no se los llevé. Si ella (Dalila) tiene la razón, ¿por qué no presentó en el intercambio de pruebas los documentos de su propiedad?”, expresó Alemán.
El Cenidh mantiene que fue un juicio plagado de vicios y de favoritismo para una de las partes. Además, que la prisión preventiva era una medida extrema para el caso.