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El Presidente de la Cámara Americana Nicaragüense de Comercio, Amcham,  Yalí Molina Palacios, lamentó que las organizaciones de la sociedad civiles no pudieran terminar la marcha que el sábado pasado organizaron para protestar contra la reelección del presidente Daniel Ortega.

En declaraciones a EL NUEVO DIARIO, el Presidente de Amcham, Yalí Molina, en torno al accionar de la Policía Nacional afirmó: “La Policía Nacional tiene la misión constitucional de garantizar la seguridad de todos los nicaragüenses, tanto como la misma Constitución nos garantiza a todos los nicaragüenses el derecho a la libre movilización, el derecho a la libertad de expresar nuestras opiniones, el derecho a la libertad de expresión y el resto de derechos políticos”.

Sobre el cercenamiento del derecho constitucional a marchar, al permitirse una contramarcha, afirmó que no ha de ser fácil para la Directora de la Policía Nacional… ”yo personalmente creo que es una mujer valiente, y hay que recordar que esta Policía no es la Guardia Nacional de Somoza… y que el Ejército --como ha dicho el general Julio César Avilés-- no es un Ejército represor.

Ortega responsable
Recordó que para evitar confrontaciones que demeritan la imagen-país, Amcham hizo un respetuoso llamado al Presidente de la República, quien es el jefe máximo de las fuerzas de seguridad pública, es decir, de la Policía Nacional, para que cambiaran las fechas, o, por lo menos, la hora de la marcha de sus simpatizantes, y añadió que todos tenemos derecho a marchar y a exponer nuestras ideas por muy diferentes o extravagantes que sean, pero venir a querer culpar a la Policía, que únicamente está obedeciendo las órdenes de su superior, me parece que no es justo”.

El dirigente empresarial insistió en recordar que la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, y que tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito, al tiempo que añadió que la Constitución señala que la Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante, y que está sometida a la autoridad civil, que la ejerce el Presidente de la República.