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En la nueva lógica de la Policía Nacional, hay ciudadanos que pueden estar en las ya famosas “zonas de seguridad” porque “están controlados”, y otros no tienen ese derecho, precisamente, por ser zonas restringidas, es la explicación que dio el comisionado mayor Juan Ramón Grádiz, jefe de la Dirección de Asesoría Legal de esta institución, cuando se le consultó sobre la permanencia de los “amorosos y pacíficos orteguistas”, quienes acampan frente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral, CSE.

En declaraciones pasadas, la primera comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía, dijo que las instalaciones del CSE habían sido declaradas por esta institución como una “zona de seguridad”, por lo que estaba prohibido manifestarse frente a ellas. Pero la prohibición sólo ha alcanzado a los grupos de jóvenes que se oponen a la ilegal candidatura del presidente Daniel Ortega, pero esta vez Grádiz contestó la pregunta que su jefa antes había dejado  “en el aire”.

“Ellos están bajo control, no hay ningún problema, te repito, no hemos encontrado ni accidentes de tránsito ni personas lesionadas ni otras situaciones. La Policía está garantizando la seguridad en el lugar. Yo miré en el periódico unas fotos amplias de personas que estuvieron ayer (en el CSE), no sé a dónde querés llegar, pero yo sí vi gente allí protestando, no una vez, sino en muchas ocasiones anteriores”, justificó Grádiz.

Aceras privatizadas
También comerciantes y pobladores del sector se han quejado por el cierre con vallas metálicas del paso peatonal en los andenes por parte de la Policía en el CSE. Ante la inconformidad, el comisionado mayor Fernando Borge, segundo jefe de la Dirección de Seguridad Pública Nacional, contestó que “ya la estamos mejorando, la circulación está normal, allí los vehículos están pasando”.

“De acuerdo con la ley, las sedes de los poderes, el Consejo Supremo Electoral es uno de ellos, y  la casa del presidente  es otro, son zonas de seguridad que tienen que regularse y protegerse por fuerza policial”, dijo el asesor legal.

¿Aunque afecten a la población vecina?
“Bueno, son los poderes del Estado y está definido en la ley, en todo caso habría que cambiar la ley”, respondió Grádiz.