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El destino de las narcofortunas incautadas o abandonadas es una vieja preocupación de las autoridades del Ministerio Público. El último decomiso --dos millones 197 mil 340 dólares-- a un ciudadano guatemalteco en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, hizo renacer esa preocupación, sobre todo ante la falta de conocimiento acerca del destino final de casi cinco millones de dólares abandonados por el narcotráfico en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, en 2009.

La inquietud por el destino del dinero incautado o abandonado por el narcotráfico ya se extendió a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, cuyo presidente, el diputado liberal José Bernard Pallais Arana, señaló que en los casos de 2009, aún esperan el informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que debe dar cuenta de cuál fue el destino de los fondos recuperados al narcotráfico.

En el caso de los 2 millones 197 mil 340 dólares incautados al ciudadano guatemalteco Óscar Rafael González García, el pasado 30 de marzo, Pallais señaló que la Fiscalía General de la República aún no le informa nada al respecto.

Los casos de 2009
El 25 de agosto de 2009, el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, envió una carta al ministro de Hacienda y Crédito Público, José Alberto Guevara Obregón, donde le informa que “el Ministerio Público, como institución en la que recae la dirección jurídica de la investigación y el ejercicio de la acción penal acusatoria, conoció de algunas causas en las que fueron abandonadas fuertes sumas de dinero provenientes del narcotráfico, las que, conforme con la legislación nacional, están a la orden de nuestra institución como elemento de convicción…”

“Dado que la legislación vigente (a esa fecha) no estipula el procedimiento a seguir en casos de bienes abandonados, he instruido a todos los Fiscales Departamentales y Regionales, así como a la Unidad Especializada Anticorrupción y Crimen Organizado que, de conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política, y la Ley No. 550, ‘Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario’…para que todos esos fondos sean puestos a la orden del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de las cuentas de la Tesorería General de la República”, agrega Centeno en su carta a Guevara, de la cual una copia fue entregada al Presidente de la República, Daniel Ortega, recibida el 26 de agosto de 2009.

Los casos a que se refiere Centeno Gómez en su carta al ministro de Hacienda, son el de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, del cual existen solicitudes escritas para que ese dinero sea puesto a la orden de Hacienda. En un oficio fechado el 27 de noviembre de 2009, enviado por el Fiscal Regional de la RAAS, José Gerardo Suárez Fuentes, al jefe de la delegación policial de Bluefields, comisionado mayor, Marvin Alemán Cavaría, donde señala que “con fecha 5 de agosto (2009) en el municipio de Corn Island… la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua en coordinación con el Ministerio Público de la RAAS, realizó hallazgo de dinero en moneda de los Estados Unidos hasta por la suma de tres millones 967 mil 125 dólares, abandonados por personas dedicadas a la narcoactividad”.

El informe que nunca llegó
“Posterior a ese hallazgo, el Ministerio Público de Bluefields ha solicitado a la Policía Nacional que envíen el informe correspondiente, que contenga los resultados de la investigación, lo que aún no se cumple”, se lee en el oficio de noviembre de 2009. EL NUEVO DIARIO conoció que hasta marzo de 2011 ese informe aún no le recibe el Ministerio Público.

Agrega el fiscal regional en ese oficio de 2009, que “no habiéndose establecido aún materialmente el destino final de estos bienes, en apego al principio de legalidad y objetividad, en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Penal… y como garantía de la transparencia y de la equidad, el Ministerio Público orienta a la delegación policial de la RAAS a poner a disposición del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas el dinero ocupado…”.

En vista de que entonces no se había aprobado aún la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, el Ministerio Público ordenó utilizar la cuenta de Tesorería General de la República para depositar el dinero, para luego realizar la “repartición equitativa”, entre las instituciones miembros del Consejo Nacional de Lucha Contra la Droga conforme con la entonces vigente Ley de Estupefacientes, Siocotrópicos y Otras Sustancias Controladas, Ley 285.

En la misma fecha, 27 de noviembre de 2009, el Fiscal Regional de Bluefields, José Gerardo Suárez Fuentes, envió otro oficio al comisionado mayor Marvin Alemán Cavaría, para poner a disposición del Consejo Nacional de Lucha Contra la Droga la cantidad de 820 mil 120 dólares, incautados el 2 de septiembre de ese año a los procesados Pedro González y Axel Waters, por el delito de lavado de dinero, bajo el expediente policial No. 0696-09 y fiscal No. 0201-09 JD.

El Ministerio Público aún desconoce el paradero del dinero, y la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, según su presidente, José Pallais Arana, también está esperando el informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, considerando que el dinero, en ambos casos, debió ir a parar a la cuenta de la Tesorería General de la República.