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Francisco Rocha Zelaya, Secretario de Asuntos Laborales de la Federación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua (Fetrajun), expresó ayer que lamentablemente no hay equidad procesal entre los trabajadores del Poder Judicial cuando son investigados por algún caso de corrupción.

Rocha se refirió así a la repentina renuncia de las magistradas Ligia Rivas y Julia Selva, quienes fueron investigadas por absolver a nueve narcotraficantes en diciembre pasado.
“Indudablemente, renunciar es una estrategia para evitar las consecuencias de la resolución definitiva de la Corte respecto al caso, ya que quedan sin antecedentes jurídicos que les impidan optar más adelante a un puesto en el mismo Poder Judicial, por ser miembros de la carrera judicial. No sería extraño que luego aparezcan como asesoras de algún magistrado o en cualquier otro puesto, si la Corte las deja así”, explicó el sindicalista.

Agregó que la diferencia en el trato a magistrados y a trabajadores de menor rango a la hora de investigarlos por algún acto de corrupción, es totalmente diferenciado, ya que al de menor rango lo mandan a encarcelar o bien a entrevistas en la Policía. “Eso nunca se ve con un magistrado, por muy grave que sea el caso”.

En este caso lo que demandan es que la Corte Suprema termine de firmar la sentencia que andaba circulando respecto al actuar de las magistradas, donde se les señala de responsabilidad por actuar contra ley expresa, y se ordena la destitución, para que quede de antecedente.

“La sentencia evitará que en años posteriores, ellas (las magistradas sancionadas) puedan ingresar a la carrera judicial y optar a un cargo dentro del Poder Judicial”, explicó Rocha.

Fue “lavada de cara”
Para Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la renuncia de las magistradas en medio de una situación que les es adversa no es extraña, puesto que lo que el Poder Judicial quiere es “lavarse la cara”.

“Que les crea ‘Yeyo’ que fue una decisión espontánea de las magistradas renunciar, es salida de baño para lavarse el rostro y no dar explicaciones de lo que verdaderamente pasó en ese caso”, dijo Carrión.

También instó a los magistrados a terminar con lo que empezaron de esa investigación, por absoluciones y rebajas de pena a narcos, y que las investigadas deben estar interesadas en esos resultados, si quieren limpiar su honra.

En lo que va del año, la CSJ ha recibido 276 quejas contra abogados, jueces, notarios públicos, secretarios, notificadores, magistrados de tribunales de apelaciones y registradores públicos, según un comunicado oficial.