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Nicaragua está retrocediendo en el tiempo y está viviendo la década de los años 80, cuando las confiscaciones de propiedades estaban en su apogeo y no se respetaba la propiedad privada, ni el derecho de los nicaragüenses que aun habiendo obtenido legalmente sus propiedades, fueron víctimas de despojos y del abuso de una Procuraduría General de la República, PGR, mangoneada por un partido político, consideraron defensores de derechos humanos y un exprocurador.
Para el exprocurador de la República, Alberto Novoa, la actuación de la PGR es autoritaria y se está excediendo en sus funciones respecto a temas de propiedad, ya que su función es representar y defender los derechos del Estado, “no de empresas privadas, ni servirles como mediador”.
Además, la PGR se ha convertido en un agente que tiene poder de jurisdicción de quitar o dar propiedad como en 1979, explicó Novoa.
En la Constitución figura la expropiación en virtud de la función social de la propiedad, y abolió la confiscación, pero la expropiación pasa por un juez, añadió el jurista; contrario a los tratos que pretende hacer la PGR como el caso de  Víctor Toruño García, donde esta institución pretende favorecer al consorcio privado Albanisa, ligada a la familia presidencial.

Es una grave alerta
Marcos Carmona, Director Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, manifestó su preocupación por las invasiones de tierras privadas que está haciendo la PGR, anteponiendo los intereses del partido de gobierno, ya que violentan los derechos humanos y de propiedad que tienen los afectados.
“Los empresarios deben tener mucho cuidado ante esta danza de confiscaciones porque en un segundo mandato de Ortega aquí, cuidado los próximos no van a ser productores y campesinos los despojados de sus tierras, sino que van a ser los mismos empresarios cuando les empiecen a pedir ser socios de sus empresas”, alertó Carmona.
Gonzalo Carrión, Director de Denuncia y Defensa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, recordó que a los afectados se les ha violado el derecho de ser sometidos a un proceso legal por la pertenencia de sus tierras y han quedado en inseguridad jurídica, violando así la Constitución de la República, que prohíbe las confiscaciones.

Una buena intención y un documento ilegal
El jurista expresó que la idea de centralizar poder en la PGR en 2007 fue buena para evitar y tratar de controlar la corrupción que se estaba dando con las propiedades, el pago de indemnizaciones, la subvaloración de propiedades y la mafia que había en los registros de la propiedad, pero se degeneró el concepto con el afán de centralizar poder y usarlo a conveniencia.
Otra prueba del autoritarismo es la institucionalización de hecho de la emisión de la Carta de no Objeción a los dueños de propiedad para poder vender e inscribir la propiedad en los registros públicos, porque este documento no aparece establecido ni en la Constitución ni en el Código Civil, por tanto no tienen por qué pedírtelo en las demás instituciones públicas, explicó Novoa.
“En Ineter te la piden para poder darte constancia catastral o en los registros públicos para poder inscribir tu propiedad, pero es una medida arbitraria, no se corresponde con un Estado de Derecho como manda la Constitución en el artículo 130, que además aclara que ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”, explicó Novoa.