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La Corte Suprema de Justicia expresó ayer que no dará explicaciones de los narcobienes que le fueron asignados mediante raras sentencias, ya que no son sujetos de aplicación de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado, y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, o lo dispuesto en el párrafo final del artículo 98 de dicha legislación. “Mientras no haya Unidad Administradora de Bienes, tampoco es aplicable la medida”, aseguró Roberto Larios, divulgador de la Corte, quien también aseguró que el Poder Judicial continuará distribuyendo los bienes como lo ha hecho siempre.

“Los jueces tiene la potestad de decidir el destino de los bienes y distribuirlos entre las instituciones que manda la ley”, recalcó Larios. La reacción se debe a que hace algunas semanas, el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, mandó una carta a la Presidenta de la Corte, magistrado Alba Luz Ramos, solicitando un inventario de los bienes provenientes del narcotráfico, basado en el artículo 98, que manda a que todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que tengan en posesión, depósito o administración estos bienes, tienen la obligación de informar al Ministerio Público sobre los mismos, dentro del término de treinta días.

“Ya fueron asignados”
Sin embargo, la magistrada Ramos le respondió la misiva citándole el párrafo final del mismo artículo 98, que dice: “Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a los bienes asignados a las Instituciones del Estado por medio de sentencia firme o por las leyes de la materia que se hubieren dado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley”.

“En síntesis”, dijo Larios, “los bienes que ya fueron asignados al Poder Judicial mediante sentencia firme, no son susceptibles de aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 98, por lo que aclara el mismo artículo en su párrafo último”.

Larios recordó que todo el dinero que le es asignado al Poder Judicial proveniente del narcotráfico, va a parar a la cuenta del fondo de jubilación de los jueces y magistrados. En el Capítulo VII de la Ley 735, artículo 42, menciona la creación de la Unidad Administradora de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, la cual será adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero a pesar de que ya está en vigencia la ley, no se han preocupado de ponerla en vigor.