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El Presidente de la República, Daniel Ortega, autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, asumir como deuda pública los C$ 37 millones que el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE, decidió prestar al Banco de Crédito Centroamericano, S.A., Bancentro, para cubrir “el déficit ocasionado por recorte presupuestario asignado a ese poder del Estado en el año 2010…”.

La decisión de Ortega, viola abiertamente la Ley de Deuda Pública y de Régimen Presupuestario, debido a que ese crédito lo adquirió Rivas inconsultamente, y, además, cambió el concepto por el cual justificó ante la Asamblea Nacional la decisión de enjaranar al CSE, indicaron un miembro de la Comisión Económica y un economista independiente.

Según el artículo uno del Acuerdo Presidencial No. 88-2011, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, del 5 de abril del presente año, “se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público… para que incorpore y registre como Deuda Pública Interna del Estado de la República de Nicaragua, la cantidad de 37,000,000.00 (treinta y siete millones) de córdobas netos a favor del Banco de Crédito Centroamericano, Sociedad Anónima, Bancentro, en concepto de asunción de deuda por préstamo efectuado por el Consejo Supremo Electoral  por un monto de 35,000,000.00 (treinta y cinco millones) de córdobas…”.

El mismo día que ratificaron su ilegal candidatura
Ese Acuerdo se emitió un día antes que Rivas --con los demás magistrados de facto-- hiciera pública su decisión de rechazar las impugnaciones en contra de la candidatura de Ortega, y afirmara que se trata de una decisión “que está escrita en piedra”.

En el artículo dos del Acuerdo Presidencial, Ortega autoriza al Ministerio de Hacienda “a pagar la suma de 37,000,000.00 (treinta y siete millones) de córdobas netos a favor del Banco de Crédito Centroamericano, Sociedad Anónima, Bancentro, en concepto de asunción de deuda por préstamo efectuado por el Consejo Supremo Electoral, por un monto de 35,000,000.00 (treinta y cinco millones) de córdobas para cubrir déficit ocasionado por recorte presupuestario asignado a ese poder del Estado en 2010, según consta en contrato mutuo en córdobas con mantenimiento de valor firmado entre el CSE y el Bancentro el 23 de junio del año 2010…”.

De los 37 millones de córdobas, 35 millones corresponden al pago del monto principal; y dos millones al pago de los intereses acumulados.

En el artículo tres, el Acuerdo Presidencial establece que “el monto a pagarse se encuentra presupuestado en la Ley No. 744 ‘Ley de Presupuesto General de la República de Nicaragua 2011’… Servicio de la Deuda Pública  Interna Año 2011, dentro de la partida presupuestaria denominada ‘Deuda del Consejo Supremo Electoral con banco privado’”.

Violó ley y cambió conceptos
Sin embargo, ese Acuerdo Presidencial, habla de una cobertura de déficit presupuestario que nunca fue mencionado por Rivas en una carta que envió al diputado Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el 25 de noviembre de 2010, de la cual informó END.

“Me permito aclararle que la honorable Asamblea Nacional aprobó en 2005 un fondo de contravalor del gobierno español por un monto de 5.4 millones de euros, para la Primera Fase de Modernización del registro Civil de las Personas y Cedulación Ciudadana”, dice esa misiva del polémico funcionario.

“Es importante señalar que esta aprobación contemplaba que el Estado de Nicaragua otorgaría con fondos de rentas del Tesoro una contrapartida nacional para finalizar la primera etapa” de ese proceso, “y hasta el momento esta institución (el CSE) no ha sido sujeto por parte de la Asamblea Nacional de ese fondo anteriormente mencionado”.

Es decir, Rivas decidió que como la Asamblea había aprobado el fondo de contravalor, él podía disponer de la contrapartida nacional cuando se le ocurriese, y fue así que asumió la deuda con el banco, sin haber informado al Ministerio de Hacienda, sin  contar con el aval de la Asamblea Nacional ni haber puesto en conocimiento a la Contraloría.

La asunción de la deuda de  C$ 37 millones fue aprobada cinco días después en la Asamblea. Gutiérrez lo defendió, indicando que “sencillamente no se puede ejecutar los fondos externos” si no se aprueba la contrapartida.

Aseguró que la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Hacienda y sobre la Contraloría General de la República, el garantizar que el préstamo del CSE con un banco privado cumpla los procedimientos de la Ley de Endeudamiento Público.

Indagaciones de EL NUEVO DIARIO soportadas con documentos, confirman que Rivas pagó en 2005, 173 mil dólares, para que Mario Chow Pérez, en ese entonces el proveedor exclusivo de multiservicios y bienes al CSE, les proveyera materiales para la elaboración de cédulas, pese a la existencia en bodegas de materiales para garantizar un millón 200 mil documentos.

“Cuando yo salí, en 2005, había material suficiente y papel de seguridad para un millón de cédulas más”, dijo al respecto, el exdirector de Cedulación del Consejo Supremo Electoral, CSE, Dionisio Palacios.

 

Ley de Deuda Pública es clara
Alejandro Aráuz, economista independiente, indicó que cualquier entidad pública tiene facultad para endeudarse, pero que debe cumplir con lo que establece la ley para mantenerse dentro del marco regular.

“La ley no es restrictiva, cualquier entidad o Poder del Estado  puede asumir deudas, pero todo pasa por un proceso que debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda, y la Contraloría debe ser informada”, dijo Aráuz.

“El Poder Electoral es un ente público y tiene autonomía de los fondos que recibe del Presupuesto, además de otros ingresos, porque se definen el origen de las partidas, pero los procesos de endeudamiento se hacen a través de Hacienda y Contraloría, para hacerlo correctamente, no hacerlo así es lo contrario, y quien debe explicarlo es Contraloría”, añadió.

En la Contraloría nunca ha existido información relacionada con ese crédito. “No tenemos ninguna información de esa deuda que se ha mencionado en los medios de parte del CSE”, ha sostenido el titular con período vencido de esa entidad Guillermo Argüello Poessy, cuando se le ha consultado por el asunto.

 

 “Pagar sería delito”, dice miembro de Comisión Económica
El diputado Freddy Torres, miembro de la Comisión Económica, al enterarse de los términos en los que fue aprobado el pago de la deuda de parte del Ejecutivo, dijo que no se puede pagar una deuda que no han aprobado en el Parlamento, ya que lo que aprobaron fue otra cosa.

“Partiendo del hecho que los conceptos son diferentes del documento que en su momento soportó esa deuda, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se manejó y se aprobó en la Asamblea, del porqué de esa deuda, así que cualquier movimiento en ese sentido es totalmente ilegal y hasta delictivo”, dijo Torres.

El artículo 66 de  la Ley General de Deuda Pública, Ley 477, dice: Las operaciones de subrogación de deuda pública o asunción de adeudo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solamente podrán ser autorizadas mediante acuerdo presidencial, cuyo proyecto será sometido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Presidencia de la República.

Torres añadió que lo que observa es un “manejo oscuro” del dinero público, y “abriendo algunas gavetas para que el CSE y en particular el magistrado inconstitucional Roberto Rivas, utilice el dinero a su gusto y antojo”.