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Las autoridades judiciales y carcelarias están evitando a toda costa que ocurran más “narcoliberaciones”, por lo que han adoptado medidas que de paso perjudican a “justos por pecadores” y han generado huelgas de hambre y protestas en diferentes sistemas penitenciarios del país.


Ayer, monseñor Luis Amado Peña, Presidente de la Confraternidad Carcelaria de Nicaragua y Presidente de la Pastoral de Cárcel, dijo que “hay más de 500 reos con este problema, porque son unos desgraciados que no tienen quién los defienda”.


Monseñor Peña se refirió al tema durante la firma de un convenio entre la Facultad de Ciencias Jurídicas de American College y la Confraternidad, que permitirá que muchos reclusos tengan la oportunidad de ser defendidos por estudiantes de Derecho.


Desde el lunes, 12 reos, entre ellos tres mexicanos y un guatemalteco que permanecen pagando condena en el Sistema Penitenciario de Granada, iniciaron una huelga de hambre indefinida, en protesta por supuestas violaciones a sus derechos humanos, ya que aseguran que no los quieren dejar en libertad, a pesar de contar con órdenes judiciales, y de que ya han pagado sus condenas.

Violación es constante

María Auxiliadora Urbina, Procuradora de Cárceles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PPDH, afirmó que los derechos de los reos son violados constantemente en el Sistema Penitenciario Nacional por las condiciones de hacinamiento, y añadió que las autoridades carcelarias no están ejecutando con rapidez las órdenes de libertad de quienes están vinculados al narcotráfico, para así evitar las famosas “narcoliberaciones”.

Hay desconfianza entre instituciones
Denis Darce, Director de Proyectos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, recordó que el Sistema Penitenciario Nacional debe acatar las resoluciones de los judiciales, pero señaló que actualmente existe desconfianza entre una institución y otra.


Gonzalo Carrión, Director de Denuncia y Defensa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, aseguró que los principios de igualdad ante la ley y que las resoluciones son de ineludible cumplimiento, son una farsa, porque no se cumplen por parte de los funcionarios del Estado.