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Privados de libertad del Sistema Penitenciario Nacional, conocido popularmente como “La Modelo de Tipitapa”, a través de carta anónima, denunciaron la discriminación y violación de derechos humanos que están sufriendo por parte de funcionarios del Sistema, al retirarlos y negarles el ingreso a los programas de educación y deporte, por estar condenados por narcotráfico y crimen organizado.


Además, denuncian que los funcionarios del Sistema Penitenciario arbitrariamente les han negado el derecho a participar en el trabajo penitenciario como lo establece la Ley 473 o Ley de Régimen Penitenciario en su artículo 176, 82 y 88 que instituye la educación, instrucción y deporte.


También los reos que estaban estudiando en los diferentes niveles, sin darles explicaciones, fueron retirados de los programas educativos. Con estas actitudes violan la Ley 473 que dice que la ejecución de la pena tiene como fin primordial la reeducación y reinserción del privado de libertad a las actividades de la sociedad.

Beneficio por política
Según la denuncia, las autoridades del Sistema están empleando otro método para que los reos puedan acceder a beneficios y es preguntándoles si formaron parte de la Juventud Sandinista o estaban organizados en sus barrios políticamente con el gobierno de turno.
Todas estas restricciones, según los afectados, surgieron después de la aprobación de la nueva Ley de Ejecución, Beneficio y Control Jurisdiccional de la sanción de penas, que fue aprobada por la Asamblea  Nacional en diciembre pasado y ya está en vigencia.


Con orden de libertad, pero secuestrados
“Unos ya tenemos la orden de libertad porque gozamos del beneficio del trabajo dentro del sistema, pero las autoridades no quieren acatar esas órdenes. Prácticamente estamos secuestrados”, reza la carta en uno de sus párrafos.


Los privados de libertad también expresaron que los oficiales del sistema abusan de su poder, porque se aprovechan de su cargo para mal informar  sobre el comportamiento de  los internos  ante los jueces de ejecución y vigilancia penitenciaria para perjudicarlos.
“Los internos han estado en huelga de hambre y otros tipos de protestas, para que se hagan valer los derechos y leyes, sin embargo, han sido reprimidos y  trasladados a otras galerías de régimen de seguridad. El sistema judicial ya nos impuso una pena por el delito cometido  no tiene por qué  el Sistema Penitenciario discriminar y reprimir, sino reeducarnos”, se lee en la denuncia.


Investiguen, por favor
 A todos los que son parte de nuestra Sociedad Civil, que investiguen lo que está pasando. Que publiquen estas anomalías y valoren nuestras quejas que están basadas en nuestro Código Penal, a los que les compete que hagan cumplir la ley sin discriminación.


 Queremos solicitar (se hagan eco de esta denuncia) a todas las personas de nuestra sociedad civil, medios de comunicación  escritos, televisivos  y  radiodifusoras, a organismos nacionales e internacionales de  derechos  humanos, Procuraduría de  Derechos Humanos, a iglesias católicas, evangélicas y otras religiones, partidos políticos, fiscalía, jueces de ejecución, Tribunal de Apelación, Corte Suprema de Justicia, Comisión de Gobernación y Paz de la Asamblea Nacional, a Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.