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La Directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, ordenó ayer al Inspector General una investigación inmediata sobre el trato del que fue víctima el sábado pasado, el periodista Roberto Collado, jefe de Redacción de este rotativo.

“Daré seguimiento a la investigación y a las medidas que se deben aplicar, ya que actitudes como esta deshonran a la Policía Nacional, y no reflejan el sentir y el actuar de miles de mujeres y de hombres policías que con abnegación, sacrificio y privaciones sirven día a día al pueblo de Nicaragua”, expresó Granera, después de escuchar la misa en la iglesia Divina Misericordia.

También agregó que como jefa de la Policía Nacional ha expresado en múltiples ocasiones el reconocimiento y el respeto al periodismo nacional.

Surgen más denuncias
Después de la denuncia de violación  a sus derechos humanos y ciudadanos, que Collado hizo pública en nuestra edición de ayer, las quejas por maltrato contra otros ciudadanos de parte de agentes policiales brotaron como ‘hongos’. La mañana de ayer, decenas de ciudadanos coparon nuestras líneas telefónicas para dar a conocer casos similares.

El ingeniero Rodolfo Álvarez, un ciudadano de 53 años habitante de Managua expuso que la semana pasada, a las 6:03 de la tarde, un policía de manga corta (que no es de Tránsito) lo detuvo en Carretera Sur y le pidió sus documentos de circulación. Dijo que  pese a que todo estaba en regla, le anunció que infringía la ley, porque a las 6:00 de la tarde todo vehículo debe transitar con sus luces encendidas.

“Yo le alegué que aún estaba claro el día y que era ridículo que por tres minutos había infringido la ley. Como le pedí que me leyera el artículo que establecía eso, me dijo que debía acompañarlo al distrito. No hubo violencia porque no discutí con él, pero era inverosímil su actuación”, explicó Álvarez.

Una vez en la Estación, la policía que tomaba su denuncia le dijo: “¿Vos sos el que te traen por protestar al oficial?” Álvarez inmediatamente respondió que él no protestó, pero insistía en el hecho de que en otros países una amonestación verbal era suficiente. “No obstante me multaron, pareciera que hay una especie de cultura policial a evitar que uno exija derechos. Bueno, que creo que es lo mínimo que puede hacer un ciudadano cuando se siente lesionado por cualquier autoridad, exigir derechos, a menos que ellos crean que está mal”, expresó el denunciante.

Se proclaman dueños de la ley
Otros que se quejaron por abuso policial fueron Juan José Carmona Amador y Juan Carlos Vílchez. Hace dos semanas, Carmona fue detenido cuando conducía por  el sector de Villa Venezuela. Por una negligencia que él mismo admitió ante otro oficial de seguridad pública: olvidó portar su circulación. “Yo esperaba una multa, pero no, fue el arresto”, relató Carmona.

El afectado reclamó por lo que él consideró exceso de medidas. “Le dije que si me llevaba lo denunciaría porque no estaba delinquiendo, que fue una negligencia que admitía, y que la ley es clara en sus sanciones. Aquello le molestó sobremanera al oficial, y comenzaron los insultos. Me dijo que hiciera lo que quisiera, pero que la ley era él y punto”. Carmona estuvo en calidad de detenido cuatro horas, y fue la burla de los policías de la Estación solo por anunciar que denunciaría los excesos policiales.

No aplican la ley, abusan de ella
El caso del ciudadano Juan Carlos Vílchez ocurrió en el kilómetro 10 y ½ de la Carretera a Masaya. Lo detuvieron a las 3:40 de la tarde policías que no eran agentes de Tránsito, y por percatarse hasta ese momento de que tenía su seguro vencido, pasó preso hasta las nueve de la noche en el Distrito Cinco de la Policía, infracción que según la ley, solo ameritaba una multa. Ante los reclamos del ciudadano, la respuesta fue la misma: “¿Cuáles derechos? Nosotros mandamos, somos la ley”.

Esa misma prepotencia y uso de fuerza desmedida contra el ciudadano, es la que Collado denunció el domingo pasado, sobre todo, cuando uno de sus agresores le dijo: “Mirá chavalo de mierda, tus derechos terminan cuando vos estás así (enchachado) y aquí (dentro de una patrulla policial)”.

Argumentos de agresores son preocupantes
Para la doctora Vilma Núñez, Directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, el hecho que los policías estén poniendo límites a los derechos de los ciudadanos y se atribuyan funciones que no les corresponde como decir “que son la ley”, es grave, pues “son ellos, en todo caso, quienes deben garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos”, afirmó Núñez.

Así como estos ciudadanos han sido atropellados por algunos miembros de la Policía Nacional, existen más personas que han sufrido estos tratos exagerados, aseguró la representante del Cenidh, quien agregó que esto refleja la descomposición institucional y moral en que ha incurrido un sector de la institución del orden público.

“Actúan así porque se sienten inmunes y están conscientes de la destrucción del mando”, dijo Núñez, quien también se solidarizó con el periodista Collado, y condenó el trato de algunos miembros de la Policía Nacional a los ciudadanos.

La doctora Núñez dijo que confiaba en la promesa de la comisionada Granera de iniciar una investigación de los abusos contra el periodista y en otros casos que se han hecho públicos. “Esperamos medidas disciplinarias, porque con estas actitudes toda la población está expuesta. Las respuestas de los policías son una confesión de que son violadores de derechos humanos. Hay que rescatar a la Policía de la descomposición a la que la llevado Daniel Ortega”, demandó la promotora de Derechos Humanos.

“Hay que detener práctica generalizada”
Mientras tanto, Marcos Carmona, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expresó que lo preocupante y peligroso de esta situación es que la Policía no está usando las normas y procedimientos establecidos en la ley, sino que “actúa con prepotencia y lujo de violencia, y se ensaña contra la población”.

Ambos organismos defensores de derechos humanos coincidieron en que es el momento en que se debe detener este actuar abusivo de parte de algunos oficiales, porque la práctica ya se está generalizando. “Es que para todo te intimidan, recurren a sembrar miedo, porque además de abusar tus derechos   te acusan de cometer un delito”, señalaron, al recordar que pese al maltrato,  Collado fue acusado de obstruir funciones policiales.

Este delito está contemplado en el artículo 460 del Código Penal, y dice que “será acusado de Obstrucción de funciones el que empleare intimidación o violencia para impedir u obstruir a una autoridad, funcionario o empleado público el cumplimiento de un acto propio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a cuatro años”.

“Uno no logra imaginarse a un ciudadano desarmado, intimidando a varios  oficiales armados. Aquí pasa lo contrario, son los funcionarios los que ejercen violencia e intimidación contra el ciudadano y siempre cumplen con sus funciones hasta extralimitarse, porque hasta en grupos de cinco policías se unen para hacer una detención ilegal, como el caso de Collado”, dijo Carmona.